Imputación a Machado es una desviación de poder
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La fiscal Katherine Harrington decidió imputar a la exdiputada María Corina Machado en la audencia de este miércoles por delito de conspiración, que implica hasta 16 años de cárcel
Caracas. Evely Orta
En medio de un silencio absoluto de los medios de comunicación privados, la Fiscalía General de la República hizo lo que todos los venezolanos esperaban: imputar a la irreverente líder opositora María Corina Machado.
La líder no llego sola a la sede del Ministerio Público (MP), estuvo acompañada por Jesús "Chuo" Torrealba, coordinador de la MUD, el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, además de diputados y concejales de la oposición, y con cientos de estudiantes y miembros de la sociedad civil.
La exdiputada de 47 años fue imputada por conspiración por presuntamente tener vinculación con un plan magnicida contra el presidente, Nicolás Maduro Moros.
La audiencia de imputación se llevó a cabo ante la Fiscalía 20° nacional, a cargo de Katherine Harington, dependencia que se encuentra en la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta. En el acto, la fiscal le imputó el delito de conspiración, establecido y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.
De acuerdo con lo dispuesto en dicha norma “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años”.
Más adelante, el mismo artículo explica que “en la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho”.
Se criminaliza a Machado por ser disidente
Pedro Galvis, dirigente político regional del Estado Anzoátegui considera que ejercer el derecho a la disidencia y expresar opiniones criticas al gobierno no es conspirar contra la forma política republicana que se ha dado la nación. Señaló que la imputación a Maria Corina Machado, "es un complot entre el poder ejecutivo, la fiscalía, los tribunales y el Presidente de la Asamblea Nacional -este último la despojó de su condición de Diputada para facilitar su enjuiciamiento-".
Esta imputación es una desviación de poder que tiene como propósito infundir temor y desmovilizar la protesta ciudadana, ante el creciente descontento por el deterioro de las condiciones de vida del pueblo venezolano, dijo.
Por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión Henrique Salas Römer, Diego Arria Salicetti, Ricardo Emilio Koesling Nava, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli Briceño y Robert Alonso Bustillo.
Recuerda el dirigente que entre los elementos que fundamentan la acusación están unos correos electrónicos que detallarían planes para llevar a cabo esta acción. Sobre dichos correos, uno de los acusados, Pedro Burelli, residente en Estados Unidos, solicitó una experticia de Google, donde se certificó la falsedad de los los mismos, con lo cual se evidencia esta farsa, seguidamente expresó que “el propósito de tales acciones del gobierno es infundir temor para desmoralizar la disidencia, sacar del escenario político al liderazgo incómodo y desmovilizar las crecientes protestas por la grave situación y deterioro de las condiciones de vida del pueblo venezolano”.
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