Contabilizan más de 50 protestas por alimentos y medicinas
El Movimiento Vinotinto reitera su condena a la política de persecución, control y encarcelamiento por parte del Gobierno contra los empresarios
Nota de Prensa
En los primeros ocho días del año 2018, el Movimiento Vinotinto ha contabilizado más de 50 protestas por razones socioeconómicas en Venezuela.
La actuación de los órganos de seguridad en las manifestaciones que se han desarrollado entre diciembre y enero por la escasez de alimentos y medicinas, han dejado el saldo de una persona fallecida y 311 detenciones, entre ellos 2 funcionarios policiales del estado Aragua y 3 dueños de establecimientos comerciales.
Asimismo se han registrado 75 saqueos a comercios en los estados Miranda, Bolívar, Zulia, Anzoátegui, Barcelona, Trujillo, Cojedes y Lara; y otros 7 conatos. Algunos de estos hechos guardan relación con las fiscalizaciones de la Superintendencia de Costos y Precios Justos a las cadenas de supermercados del país, acciones que ocasionaron largas colas que trascendieron a situaciones de caos en la venta de productos que fueron regulados.
Más de 7.000 establecimientos comerciales fueron fiscalizados entre septiembre y diciembre del 2017. “Gran parte de la escasez es responsabilidad del Sundde que ha ejecutado acciones arbitrarias en contra de los pocos establecimientos que están abastecidos”, manifestó Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto.
“La crisis económica del país es única y exclusivamente producto de las malas políticas gubernamentales y planes económicos fracasados que ha tenido el gobierno, entre lo más grave, el control de los precios”, indicó.
En Lara cuatro comunidades de diferentes sectores manifestaron exigiendo la distribución de alimentos por los denominados CLAP y el gas doméstico. También el lunes en Aragua un grupo de pacientes renales protestaron por la falta de diálisis.
El Movimiento Vinotinto reitera su condena a la política de persecución, control y encarcelamiento por parte del Gobierno contra los ciudadanos y empresarios. Denunciamos que es una violación de los derechos humanos el ejercicio penal en virtud del argumento que el gobierno llama ‘guerra económica’.
