Alcalde de Barcelona debe informar al Legislativo sobre uso de recursos públicos
El diputado de PJ Richard Arteaga afirma que Guillermo Martínez recibió más de 600 millones de bolívares para la construcción del terminal de pasajeros, al cual solo colocaron la primera piedra. “Mucho chicle y poca bomba”, ironizó el parlamentario
Niurka Franco
El alcalde Guillermo Martínez, jefe del municipio capital Simón Bolívar, deberá explicar en detalle a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, qué hizo con los 600 millones de bolívares que le fueron aprobados para la construcción de un terminal de pasajeros, donde después de un año, apenas existe la primera piedra colocada en ocasión del anuncio.
“El alcalde Martínez se ha vuelto pura promesa y a leguas se huele el guiso que hay en torno a esta obra y otras anunciadas”, criticó el diputado Arteaga, quien refirió que otro proyecto que quedó en lista de espera, fue el de saneamiento del río Neverí.
El parlamentario echó mano de los suplementos propagandísticos del Jefe capitalino, en los que anuncia su acción, poniendo de relieve obras anunciadas y no ejecutadas, entre ellas La Gran Plaza Libertador en el casco central de la ciudad, la recuperación de la Zona Industrial Los Montones y la remodelación del Teatro Cajigal, entre otras.
Otras perlas
Arteaga recordó que ya el mandatario del municipio Bolívar tiene pendiente una comparecencia ante la Comisión de Contraloría debido a los grandes gastos que se hicieron durante los espectáculos de Carnaval, en el cual se cancelaron artistas en dólares. Acotó que aproximadamente una semana harán efectivo el llamado a comparecer al mandatario municipal.
“Martínez tiene que explicarle al pueblo de Barcelona de dónde salieron los dólares para pagar artistas internacionales, pero además tiene que rendir cuentas acerca de los grandes negocios que están haciendo con la venta de los terrenos en Caicara de Barcelona, donde hasta terrenos de pertenecía indígena han vendido”, sentenció.
Argumentó el representante del Poder Legislativo nacional que en el caso de la venta de terrenos pudieran existir lesiones graves al patrimonio público, razón por a cual desde la AN investigarán a fondo para establecer responsabilidades
