La organización no gubernamental Provea aseguró que la letalidad policial ha venido ascendiendo con el pasar de los años.

Con información de Efecto Cocuyo

Política de ejecución. Desde al año 1996 hasta el 2020 en el país las fuerzas de seguridad del Estado han cometido 10.238 violaciones al derecho a la vida, de esas al menos 7.893 han sido ejecuciones extrajudiciales, según Provea.

En su informe llamado «25 años de ejecuciones extrajudiciales de Venezuela», publicado este miércoles 15 de diciembre, la organización no gubernamental Provea aseguró que la letalidad policial ha venido ascendiendo con el pasar de los años.

“Las ejecuciones extrajudiciales en el país no son nuevas, es un periodo que se extiende por décadas. Tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares que ha sido apantanada por la impunidad”, dijo Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea.

Para la organización las ejecuciones extrajudiciales son prácticas políticas  militares y policiales que tienen como principio el uso deliberado de la fuerza, ya que provocan muertes arbitrarias en todo el territorio nacional.

La organización señaló que en los últimos 25 años la letalidad policial ha tenido como aliado a la Defensoría del Pueblo, ya que esta institución debería exhortar al Ministerio Público a realizar las investigaciones.

“Ratificamos que estamos frente a una situación en Venezuela, que las ejecuciones son crímenes de lesa humanidad, una política dirigida contra una población determinada particularmente contra los jóvenes pobres de todo el país”, afirmó el defensor de derechos humanos.

La ONG aseguró que todos los cuerpos de seguridad de Venezuela cometen ejecuciones extrajudiciales.

Provea aseguró que fue a partir del año 2015 cuando se dispararon las ejecuciones extrajudiciales con la implementación de las llamadas Operaciones de Liberación al Pueblo (OLP), que según la ONG dejaron en evidencia que las ejecuciones eran parte de una política de Estado y que no se trataban de hechos aislados.

La organización calificó la Reforma Policial del año 2006 como «un fracaso». Hoy en día hay mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales cometidos por una Policía Nacional y su componente las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), que se han convertido en una maquinaria de la muerte junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“No es una policía para servir al pueblo, sino al servicio del programa político de quienes en ese momento gobernaran”, explicó Alvarado.

Militarización de la seguridad

Para Inti Rodríguez, representante de Provea, la policía venezolana ha estado influenciada por el militarismo. El defensor de derechos humanos explicó que hay un subregistro en las cifras presentadas por la organización porque seguramente las cifras oficiales deben ser mayores.

“La militarización de las labores ciudadanas y de los mandos de un elevado número de cuerpo policiales incorpora la visión de uso de la fuerza hacia un enemigo que debe liquidarse. Ello genera graves riesgos para las garantías de derecho a la vida de personas que sean consideradas sospechosas de estar involucradas en delitos”, sostuvo el activista.

En su informe Provea señaló que los altos funcionarios del Estado estimulan o han estimulado a la violación del derecho a la vida por parte de los agentes de la fuerza pública, bajo la excusa de la lucha contra la “violencia terrorista”.

De acuerdo a los datos recopilados por Provea entre 1990 y 2012, al menos 29.322personas muertas no fueron incluidas en las cifras de homicidios sino que fueron presentadas como muertas tras oponer resistencia a la autoridad.

Además de la militarización, Rodríguez explica que las OLP impactaron negativamente la garantía de los derechos a la vida y que fue el inicio de la represión letal en Venezuela. En los años en los que se desarrollaron las OLP las autoridades reconocieron que 13.589 personas fueron asesinadas por resistencia a la autoridad.

Ejecuciones sin ideologías políticas

El párroco de la iglesia San Alberto Hurtado de la parte alta de La Vega, Alfredo Infante, señaló que en Venezuela la violación al derecho a la vida no tiene color ni ideología política. “El joven de origen popular no tiene derechos en Venezuela, está condenado a morir a manos de los cuerpos policiales”, sentenció Infante.

El sacerdote expresó que en plena pandemia, la ONG Lupa por la Vida logró identificar que los operativos policiales fueron más letales que el COVID-19.

“Muchos de los presuntos enfrentamientos son una fabricación de la escena del crimen o falsos positivos”, explicó.

El también coordinador del Centro Gumilla alertó sobre los desplazamientosque se generan tras la violencia armada en las zonas populares del país. Señaló que es un fenómeno importante ya que estas huidas se dan por las amenazas a la vida.

Infante también presentó el mapa de ejecuciones extrajudiciales del país en el cual el estado Zulia, se posiciona como la principal región donde se cometen estos homicidios. Seguidos por los estados Carabobo y Aragua.

En su registro del año 2021, Infante señaló que las policías estadales han sido las más letales del país, seguidos por el Cicpc, seguido  por las Faes y la PNB.

“En estos últimos 20 años se ha profundizado esta letalidad al punto que nuestro país tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI). Este indicador se ha convertido en un patrón de política de Estado. La mayoría de las víctimas son pobres jóvenes de origen masculino y de zonas populares”, explicó.