Romero aclaró que la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI ya no solo eno sólo se trata de los casos desde 2017 sino desde 2014, por decisión de la Corte.

Redacción

Tras conocerse el plazo otorgado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a Nicolás Maduro sobre los casos de violación de los Derechos Humanos cometidos en Venezuela bajo su gestión, la ONG Foro Penal informó sobre los próximos pasos de la instancia internacional en el país.

En este sentido el director del Foro Penal, Alfredo Romero, destacó la importancia de la próxima visita que harán representantes de la Fiscalía de la Corte Penal internacional al país y que se tiene prevista dentro de los próximos tres meses, ya que sería la primera vez que vendrán a Venezuela bajo una investigación.

Explicó que en esta oportunidad la Fiscalía si podría recolectar evidencias, entrevistarse con las víctimas y presos políticos debido a que hay una investigación formal abierta para determinar responsabilidades sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Romero aclaró que la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI ya no solo eno sólo se trata de los casos desde 2017 sino desde 2014, por decisión de la Corte.

Con respecto al Examen Periódico Universal de la ONU sobre la situación de Venezuela destacó que Hubo referencia a la detención y persecución y quedó demostrada la preocupación de los países sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela. «Se ve que hay una gran cantidad de países que observan que la situación de los Derechos Humanos no ha mejorado»

Los presos políticos son coaccionados

Alfredo Romero también informó que solo 35 de los 245 presos políticos que hay actualmente en el país han sido condenados. «Los otros que son 210 ni siquiera han pasado en muchas ocasiones la audiencia preliminar y no han tenido derecho a juicio ni a defenderse», afirmó.

Señaló que más grave aún es el hecho que de los 245 presos políticos, 91 se encuentran en prisión preventiva, es decir, sin condena, con más de tres años privados de libertad», dijo que uno de los casos es el del militar José Gámez Bustamante, encarcelado desde el año 2015 y quien presenta una situación delicada de salud.

Recordó que el artículo 231 de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece un máximo total de tres años para que las personas puedan estar en prisión preventiva. «Luego de trascurridos esos tres años las personas deben ser liberadas y continuar en juicio en libertad», destacó Romero.

Denunció que de las 35 personas que han sido condenadas, al menos a 12 se les ha obligado a admitir los hechos. «¿Por qué admiten hechos?, porque una de las mayores angustias para los presos políticos y sus familiares es no saber el tiempo que van a estar en prisión, incluso llegan a estar mucho más tiempo en prisión preventiva, es un esquema de tortura psicológica», señaló.

Recordó también que solo en el año 2021 murieron tres presos políticos bajo privación de libertad preventiva, entre ellos el exministro de la defensa Raúl Isaías Baduel.