Lo que inició como una denuncia por amenazas con arma de fuego, acabó siendo una investigación por extorsión y otros delitos

Juan Afonso

Una denuncia por amenazas con arma de fuego hecha a la Policía Municipal de Sotillo (Polisotillo), terminó convirtiéndose en una investigación por porte ilícito de armamento, extorsión, estafa y usurpación de funciones.

Los detalles de este caso los ofreció el director de Polisotillo, comisionado Douglas Martínez, quien identificó a los detenidos como Enrique Alexis Albornoz Castillo (60) y Armando Morales (45).

Martínez detalló que Albornoz estaba alquilando una habitación en la calle 20 de la urbanización Gulf y tuvo un altercado con el dueño de la casa.

Albornoz habría efectuado un disparo con su pistola Tanfoglio calibre 9 milímetros y entonces, el afectado decidió llamar a Polisotillo, alegando que el sujeto decía ser funcionario público con ciertos contactos en el Sebin y otros cuerpos, y decía pertenecer a la Contraloría de Investigación Social (CIS).

Cuando los agentes lo detuvieron, realizan un allanamiento y encontraron al menos 17 credencias del CIS, fichas de la extinta Policía Metropolitana, y prendas militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Luego, Morales habría llegado a la misma casa preguntando por él y alegando ser su jefe, y también fue detenido, pues fueron encontradas en el mismo lugar cartas hechas a manos pidiendo donativos a comerciantes a nombre del CIS.

Martínez expuso que la policía porteña hizo contacto con el Sebin y la GNB preguntando por ambos apresados, y desde esos cuerpos de seguridad alegaron no conocerlos ni al ente que dicen representar.

Además, el comisionado alegó que el arma que poseía no pertenece al Estado, y explicó que normalmente, cuando un armamento de ley la adquiere el país para los funcionarios, llevan un sello OP que las acredita para esas funciones y la pistola incautada a Albornoz no tenía tales sellos.

Relató que también están buscado por canales regulares la ubicación del presunto ente, que se dice está asentado en el estado Táchira. Albornoz llevaba tres años viviendo en la Gulf como inquilino en la casa donde arrendaba.

El caso fue pasado al Ministerio Público.