Los padrinos y madrinas son en realidad figuras de tinte partidista con fines electorales, pues lo que se busca con su designación es avivar el voto oficialista en cada una de las entidades federales

Nota de prensa

Casi tres años después de su promesa de eliminar los protectorados, Nicolás Maduro ha dado marcha atrás y ha vuelto a propinarle un golpe al ya maltratado modelo de Estado federal descentralizado previsto en la Constitución al volver a imponerles a los gobernadores unas autoridades paralelas, los «padrinos y madrinas», para que «las cosas lleguen a donde no llegan y para que les lleguen a todos».

El establecimiento de estas figuras para los 23 estados del país y su capital fue anunciado por el jefe del Gobierno el pasado 15 de febrero, durante un acto en el que informó la conformación de un comando presidencial especial que se encargará de combatir el «burocratismo criminal» y creará «las condiciones óptimas para el despliegue de los planes y de los nuevos métodos de Gobierno».

Maduro justificó su decisión tras aseverar que uno de los enemigos más grandes de la llamada revolución bolivariana es «la indolencia, la negligencia y la inercia criminal de [los] burócratas (…) a los que no les duele la patria ni la vida del pueblo y que dejan pasar y dejan de hacer». Por ello, ordenó a los designados que «se vayan allá [a las entidades asignadas] a establecerse (…) para oír al pueblo, a atenderlo y a resolver sus problemas».

Diferencias llamativas

A diferencia de los desaparecidos protectores, los padrinos y madrinas no son candidatos oficialistas que fueron derrotados en alguna elección, o exfuncionarios que tenían tiempo desaparecidos de la primera línea de la política, sino que se trata de miembros del actual Gabinete Ejecutivo.

Así, Maduro anunció que Caracas será responsabilidad del ministro de Juventud y Deportes, Mervin Maldonado; mientras que para Amazonas designó al titular de Ecosocialismo, Josué Lorca; a Anzoátegui el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea; a Apure el responsable de Vivienda, Ildemaro Villarroel; a Aragua la ministra de Educación, Yelitze Santaella; y a Barinas el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López.

Por su parte, la madrina de Bolívar será la actual vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien también ocupa el despacho de Finanzas y debe velar además por el proceso de recuperación del Metro de Caracas.

A la ministra de la Mujer, Dheliz Álvarez, Maduro le encomendó a Carabobo; Cojedes a Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria; Delta Amacuro le corresponde a la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal; y Falcón al ministro de Acuicultura, Juan Carlos Loyo.

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, deberá velar por Guárico, mientras que el canciller Yván Gil lo hará por La Guaira. Por su parte, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, se encargará de Lara; Mérida será responsabilidad de Wilmar Castro Soteldo, ministro de Tierras; y Miranda dependerá de la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.

El titular de Alimentación, Carlos Leal Tellería, tendrá que supervisar a Monagas; mientras que el responsable de Turismo, Alí Padrón, se encargará de Nueva Esparta. Al ministro de Obras Públicas, Raúl Paredes, le fue asignado Portuguesa; y al titular de la cartera de Interior, general en jefe (r) Remigio Ceballos, el estado Sucre.

Táchira es responsabilidad del ministro de Aguas, Rodolfo Marco Torres; y Trujillo de la titular de Salud, Magaly Gutiérrez. Por su parte, el jefe de la cartera de Industria, José Félix Rivas, se encargará de Yaracuy; y el de Energía Eléctrica, general en jefe (r) Néstor Reverol Torres, del Zulia.

El perfil de los padrinos y madrinas no es la única diferencia con los desaparecidos protectores de estado o municipio. También es llamativo que en esta ocasión Maduro no los impuso solamente a las entidades no controladas por el oficialismo (Barinas, Cojedes, Nueva Esparta y Zulia), sino a todas, aun siendo gobernadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, resalta el hecho de que nueve de los designados son militares activos o retirados.

Días después, el 6 de marzo, el mandatario nacional designó al diputado Diosdado Cabello como «jefe supremo» del Zulia:

«Les puse un cuarto bate al frente de un equipo totalmente reestructurado del Zulia, que vaya mucho más allá de los partidos y que convoque a todos los movimientos sociales que incluya a todos los partidos, además de todos los zulianos y zulianas de bien».

Si bien el enfoque de este cargo pareciera más orientado hacia temas electorales y de organización interna del PSUV en el estado más poblado del país, no deja de causar ruido que una entidad federal que eligió como gobernador a un dirigente opositor, ahora cuente con un padrino y con un jefe supremo del partido oficial.

Con sabor a refrito

La nueva figura no está prevista en la Constitución ni en ninguna ley, así como tampoco los anteriores protectores. Ambos suponen una violación al tipo de Estado federal previsto en el artículo 4 del texto fundamental, pues las entidades deben ser autónomas en lo político, por lo que sus máximas autoridades deben ser electas popularmente y no nombradas desde el poder central.

Los protectores tuvieron su origen en el año 2008, cuando tras perder en las elecciones municipales la hoy desaparecida Alcaldía Metropolitana de Caracas frente al opositor Antonio Ledezma, la Asamblea Nacional (AN) entonces controlada por el chavismo modificó el régimen y administración del Distrito Capital y estableció un Gobierno paralelo a cargo de una autoridad designada por el presidente de la República, a fin de usurpar las funciones y el presupuesto que tenía asignado el alcalde metropolitano.

Al perder 4 años después las gobernaciones de Amazonas, Lara y Miranda, Maduro perfeccionó el zarpazo y nombró a sus derrotados candidatos como protectores de dichas entidades. Esto implicó la creación de organismos, conocidos como Corporaciones de Desarrollo, a los que les asignó recursos para que compitieran con los gobernadores electos. La primera materialización de esta estrategia política ocurrió en 2013 en Miranda, cuando Elías Jaua fue nombrado protector de esa entidad, a cargo del opositor, Henrique Capriles Radonski, electo popularmente como gobernador.

Dicha política de Estado quedó consolidada en 2017, cuando se designó a nuevos protectorados en cuatro entidades federales (Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira) en las que había ganado legítimamente la oposición durante las regionales celebradas el 15 de octubre de ese año.

Simultáneamente, el Gobierno, con el respaldo del Parlamento y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó a los estados de numerosas potestades, como la gestión de aeropuertos, carreteras y puertos, medida que golpeó duramente sus finanzas.

¿Jefes de campaña o gobernadores paralelos?

Los padrinos y madrinas son en realidad figuras de tinte partidista con fines electorales, pues lo que se busca con su designación es avivar el voto oficialista en cada una de las entidades federales para las próximas presidenciales.

Cada padrino o madrina designado por el primer mandatario tiene el encargo de aplicar el plan 1 x 10, una maniobra política ideada por el Gobierno nacional en la que una persona se debe encargar de buscar a 10 personas más, y así sucesivamente, a fin de que el mayor número de personas voten en el día de las elecciones a favor de los candidatos oficialistas.

Esta maniobra está coordinada con el Gobierno nacional, quien puede poner a disposición de estos padrinos o madrinas bienes y recursos para hacer gestión en cada uno de sus territorios. Adicionalmente, podría ocurrir que se retomen prácticas como el uso de camiones, autobuses y motos, propiedad del Estado, para llevar a los electores a los centros de votación, además de repartir bolsas de comida, entre otras prácticas de control social.

Se trata, pues, de una estrategia sistemática desde hace tiempo empleada por el Gobierno nacional, con el propósito de asegurarse una victoria cómoda en las contiendas electorales.

Queda claro que el padrino o madrina designado para ejecutar el 1 x 10 en cada estado funge como jefe de campaña y seguimiento de los electores que asumen como potenciales votantes oficialistas.

Esta figura promueve además un grave proselitismo en los ministerios, así como en empresas, fundaciones o asociaciones públicas, ya que quienes fueron designados como padrinos o madrinas son hoy en día funcionarios públicos, en especial, ministros del Gobierno, lo que es una situación que configura incluso una tergiversación del ejercicio de la función pública.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

En el cristianismo católico, los padrinos y madrinas son aquellas personas que se comprometen a ayudar en la formación espiritual de los recién bautizados y a cubrir las faltas de los padres en caso de que a estos les ocurra algo. El oficialismo, sin embargo, ha tomado esta figura para convertirla en una nueva arma dentro de su arsenal centralizador.

Las explicaciones dadas por Maduro dejan en claro que los flamantes padrinos y madrinas de los estados buscarán fortalecer el control político que el Gobierno central ejerce en el país y profundizarán aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado federal que se viene produciendo en los últimos años.

Esta medida llama la atención porque Maduro hace menos de 3 años aseguró que desmantelaría los gobiernos paralelos que él mismo impuso y que permitiría a las autoridades electas desarrollar sus gestiones sin obstáculos.

El hecho de que esto se produzca justo cuando el país se prepara para unas elecciones presidenciales da motivos para preocuparse y refuerzan los temores de que se desarrollarán sin las condiciones necesarias para considerarlas transparentes y legítimas. Los padrinos y madrinas actuarán en realidad como jefes de campaña del partido de Gobierno en cada una de las entidades a las que fueron asignados.