Michael Fakhi lamentó que gente en todo el país siga enfrentando dificultades para acceder a un plato de comida y acusó a las autoridades de montar programas que sólo promueven el clientelismo

Con información de AFP y EFE

El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, concluyó este miércoles su visita a Venezuela, tras la cual se refirió a la delicada situación y advirtió sobre los problemas que impiden a gran parte de la población acceder a un plato de comida.

“Gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a alimentos buenos y sanos”, lo que lleva a muchos de ellos a adoptar “mecanismos negativos” como la reducción del tamaño de las raciones, la supresión de algunas comidas al día o la compra de alimentos sin valor nutricional, lamentó el experto.

Venezuela vive desde hace años inmersa en una dolarización de facto, un contexto de bajos salarios y una alta inflación que imposibilitan a la gente -especialmente a los “grupos vulnerables”- mantener una correcta alimentación. Inclusive, en enero, el salario mínimo (más conocido como el “salario del hambre”) se ubicó en los 130 bolívares -cerca de los USD 3- mientras en 2023 la inflación cerró en 189,9 por ciento, una clara muestra de que, además de ser insuficiente, el poder adquisitivo de los venezolanos se ve cada vez más debilitado.

Fakhri puso el foco en los grupos más desprotegidos que, como suele ocurrir, son los más afectados en casos como este. “Me preocupan mucho los niños (...) conocí muchos testimonios de todo el país de que los niños están cada vez más expuestos a riesgos (como) la separación familiar, el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia física y los abusos”, comentó y expuso en particular el caso de los menores de cinco años y las mujeres embarazadas o en período de lactancia, entre los que más se evidenció la desnutrición.

Por otro lado, sostuvo que durante su visita al país conoció que algunas “mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida”, una situación que ya fue reportada en reiteradas oportunidades por organizaciones y que incluirá en la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, prevista para marzo.

A raíz de este delicado contexto, el Relator pidió con urgencia al régimen de Nicolás Maduro que tome medidas efectivas al respecto. A pesar de que Venezuela “tiene muchas leyes progresistas” en materia alimentaria, “la falta de aplicación” de esos preceptos han conducido a un “creciente sentimiento de decepción” en los ciudadanos, explicó e instó a la conformación de un plan de alimentación que llegue a todos los sectores sociales.

Asimismo, apuntó contra los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa impulsado por el régimen que prevé la entrega de productos a bajos precios, y los acusó de haberse “convertido en un sistema de clientelismo” en lugar de funcionar como un mecanismo para “la liberación del hambre”. Inclusive, dijo haber recibido denuncias de personas que fueron excluidas del CLAP sólo por ser opositores al chavismo y de usuarios que recibían con una periodicidad irregular los productos, de bajo valor nutricional.

A la par de esta investigación, ONGs venezolanas pidieron a Fakhri que eleve una solicitud al Palacio de Miraflores para el libre acceso a la información nutricional y alimentaria en el país, que no se difunden desde 2007. Fue “una de las peticiones más insistentes” acercadas al Relator ya que, de momento, sólo se cuenta “con lo que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, que siempre es muy pequeño” por la falta de recursos, dijo al respecto la coordinadora de Monitoreo Investigación y Difusión de Provea, Lissette González.