Unos 60 presos venezolanos se unieron a la huelga de hambre que empezaron otros reclusos contra el hacinamiento en las cárceles

El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que reclaman un “plan de abordaje o traslados a recintos penitenciarios”. También protestan contra el retardo procesal

Con información de EFE

Unos 60 presos del estado Lara (oeste) en Venezuela se unieron este miércoles a la huelga de hambre que comenzaron el lunes otros 48 reos, en protesta contra el hacinamiento y el retardo procesal, informó la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A través de X, el OVP explicó que los 60 presos -recluidos en los calabozos de una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)- reclaman un “plan de abordaje o traslados a recintos penitenciarios”, como exigen los que iniciaron la huelga, según detalló la ONG, que agregó que los reclusos “se niegan a consumir alimentos hasta obtener respuestas concretas”.

Humberto Prado, director del OVP, dijo a la agencia de noticias EFE que desde la ONG estiman que, de unos 23.000 presos en calabozos policiales, alrededor del 85% están en retardo procesal.

Esto se debe -aseguró- a la “falta de alguna partes en el juicio, a la falta de que se presenten testigos”, entre otras, lo que hace que el caso se difiera.

“El problema es el Estado. Si no está el fiscal, no hay quien acuse; si no está el abogado público, no hay quien defienda; si no hay juez, no hay quien sentencie”, sostuvo.

El OVP afirmó que los presos se pusieron en huelga como una “medida extrema” que refleja “desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas”.

Asimismo, alertó sobre las “consecuencias graves y progresivas para la salud” de una huelga de hambre, ya que “puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales”.

La ONG exigió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atender de “manera urgente” la “crítica situación”, de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de “visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas”.

El pasado 22 de octubre, 27 militares presos en una cárcel del estado Miranda, cercano a Caracas, iniciaron una huelga de hambre contra las amenazas que, supuestamente, habían recibido por parte de otros reclusos, según el OVP, una protesta que fue levantada tras la promesa de reubicación de los presos civiles y mejora de la alimentación en el penal.

Esa protesta surgió por las “amenazas de secuestro” de los presos civiles a los reos militares, si no recibían “respuestas inmediatas” de asistencia y tratamiento médico en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, donde también hay reclusos que no pertenecen a la Fuerza Armada ni otros cuerpos del Estado.

Los militares levantaron la huelga tras la visita del director del Servicio Penitenciario Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Luis Ojeda, quien prometió reubicar a 72 presos civiles, según una nota de prensa del OVP, que no detalla si ese es el total de reclusos que no forman parte del cuerpo, o si todavía quedará alguno tras esa reubicación.

Ojeda también se comprometió a mejorar la alimentación en el centro, pues -destacó la organización- la dieta “carece por completo de proteínas, grasas, lípidos y frutas”.

Además, aseguró que garantizaría “el suministro continuo de agua potable las 24 horas del día” para evitar “enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas”.

El OVP aseguró que la cárcel no cuenta con electricidad en todas las instalaciones y que “las celdas están ubicadas en un galpón con techo de zinc, lo que provoca un aumento extremo de la temperatura”.

Destacó que el penal “no reúne los requisitos de los estándares internacionales para albergar reclusos”, al tiempo que manifestó que “todos los organismos del Estado” deben “garantizar los derechos humanos” de los presos, quienes -aseguró la ONG- “sufren tortura psicológica al no poder dormir con tranquilidad”.

“Durante la noche, ponen música a un volumen ensordecedor, y aunque no hay electricidad en el galpón, han instalado unos faros que al encenderse deslumbran a los internos y generan aún más calor. Estos faros permanecen encendidos toda la madrugada, impidiendo que los presos puedan dormir”, afirmó.