Ecuador en estado de emergencia tras asesinato de candidato presidencial que denunciaba corrupción

El gobierno considera el asesinato de Villavicencio un “crimen político con carácter terrorista, un intento de sabotaje a las próximas elecciones”

Con información de AP

QUITO (AP) — Ecuador permanecía el jueves en estado de emergencia nacional tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un hecho sin precedentes que ha sumido al país en uno de los momentos más aciagos de su historia democrática.

Dos de los aspirantes con mayor preferencia, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez, anunciaron que suspenderán cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de las personas.

En tanto la esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que a su marido lo asesinaron “porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”.

Los restos del político fueron retirados de la morgue policial y eran trasladados a una funeraria del norte de Quito en una carroza fúnebre cubierta con la bandera ecuatoriana.

En rueda de prensa el ministro del Interior, Juan Zapata, precisó que en el sur de la capital fueron arrestados seis extranjeros en torno al caso, dos de ellos plenamente identificados en la escena del crimen, y agentes de policía se incautaron de un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cargadores de fusil, cuatro cajas de municiones, tres motocicletas y un vehículo reportado como robado.

Añadió que el gobierno considera el asesinato de Villavicencio un “crimen político con carácter terrorista, un intento de sabotaje a las próximas elecciones”.

Los restos de Villavicencio fueron retirados de la morgue policial y trasladados en una carroza fúnebre cubierta con la bandera ecuatoriana a una funeraria del norte de Quito, donde durante la jornada la familia será la única que tendrá acceso.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo en conferencia de prensa que “una ola de indignación y rabia inunda a Ecuador” porque las mafias le han declarado la guerra al país y que el Estado “y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentarlos”. Anticipó que efectivos serán desplegados a todos los rincones del país para proteger a la ciudadanía hasta después de las elecciones del 20 de agosto.

El movimiento Construye, que apoyaba la candidatura de Villavicencio, anticipó que formará un equipo de seguimiento del proceso legal y exigirá que “se conforme una comisión internacional que sea parte de la investigación de este magnicidio”, al tiempo que advirtió que no permitirá que “la narcopolítica siga campante y se burle una vez más de la justicia”.

En un comunicado, añadió que en las próximas horas anunciará su decisión sobre el proceso electoral. De acuerdo con la ley, si un candidato queda inhabilitado el grupo que lo apoya puede designar un reemplazo entre sus integrantes.

Villavicencio, de 59 años y quien se caracterizaba por denunciar y confrontar a funcionarios públicos y empresarios presuntamente vinculados con actos de corrupción, fue abatido a balazos el miércoles al salir de un acto proselitista en un colegio del norte capitalino. En el atentado también resultaron heridas otras seis personas y uno de los presuntos asesinos murió en el cruce de balas, reportó la Fiscalía.

“Este ataque atroz es una afrenta a los principios y valores que los Estados estadounidenses y toda la comunidad internacional acogen”, expresó el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Roland Sanders. “Este terrible crimen ya ha resonado en todo el mundo y ha sido condenado por completo”.

Lasso decretó tres días de luto nacional y el estado de excepción por lo que efectivos militares se movilizaban en todo el territorio nacional.

“Esta creo que es la hora más oscura de la democracia ecuatoriana en décadas”, dijo a The Associated Press el exvicepresidente Alberto Dahik (1992-1995).

Lamentó que Ecuador haya ingresado al grupo de países “donde la violencia amenaza con la estabilidad misma de la democracia y sus instituciones”, tal como sucedió en Colombia, que vivió el magnicidio de los políticos Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y Luis Carlos Galán en 1989, o en México con el excandidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio en 1994.

En el mismo sentido se manifestó en su cuenta en X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien sostuvo que el asesinato de Villavicencio “es un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho”.

Nichols reclamó “una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes” al tiempo que ofreció el apoyo de su país.

Lasso, en el poder desde 2021, anunció la madrugada del jueves un nuevo estado de excepción por 60 días que limita los derechos ciudadanos y en una rueda de prensa junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral ratificó que se mantienen los comicios el 20 de agosto.

“Ante la pérdida de un demócrata y un luchador las elecciones no se suspenden, al contrario, éstas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer”, afirmó el presidente ecuatoriano.

El mandatario atribuyó al crimen organizado el asesinato de Villavicencio, aunque hasta ahora las autoridades no han dado más detalles sobre el móvil y el posible grupo que estaría detrás del ataque.

Recientemente Villavicencio había denunciado públicamente que el líder de un grupo criminal local ligado al Cártel de Sinaloa mexicano lo había amenazado. También había denunciado vínculos entre políticos y narcotraficantes.

Al respecto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves en su conferencia matutina diaria que “no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos... no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones”.

Agregó que el gobierno de México no tiene información sobre el caso y criticó que se hayan comenzado a “repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable”.

Villavicencio era parte de los ocho candidatos que buscan el voto para reemplazar a Lasso, quien acortó su propio período de gobierno y disolvió la Asamblea cuando ésta lo enjuiciaba con miras a destituirlo. Tanto el nuevo mandatario como los nuevos legisladores tendrán que completar el actual período que termina en mayo de 2025.

El postulante asesinado participaba en los comicios en binomio con la ambientalista Andrea González. El exasambleísta y político, además de periodista, realizó permanentes denuncias a lo largo de su carrera.

Entre las últimas acusaciones públicas presentó el martes ante la Fiscalía una sobre la presunta concesión irregular de 21 campos petrolíferos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Y el miércoles, pocas horas antes de morir, había señalado que mafias tenían vínculos con la fuerza pública.

El consultor político y docente de la universidad Andina, Gustavo Isch, dijo que la muerte de Villavicencio fue advertida y el Estado no tuvo la capacidad de protegerlo. “Su muerte convenía a muchos sectores de poder”, consideró y señaló que el político era visto como alguien que tenía bien documentados casos de corrupción.

Villavicencio se ubicaba en cuarto lugar de las preferencias con menos de 10% de intención de voto detrás de Luisa González, Sonnenholzner y Pérez, aunque los sondeos señalan que aún existe un 40% de indecisión.