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Más de 100 políticos chilenos de izquierda y derecha repudiaron la inhabilitación de María Corina Machado por parte del régimen de Maduro

Más de 100 políticos chilenos de izquierda y derecha repudiaron la inhabilitación de María Corina Machado por parte del régimen de Maduro

Miembros de diversos partidos políticos del país sudamericano, firmaron una carta rechazando la inhabilitación de la líder de la oposición venezolana, en la que describen la medida como “dictatorial, infundada, arbitraria e ilegal”

Infobae

Más de un centenar de políticos chilenos de centro izquierda y de derecha, repudiaron la inhabilitación de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Los líderes chilenos firmaron una carta rechazando la inhabilitación de Machado, en la que describen la medida como “dictatorial, infundada, arbitraria e ilegal”.

El texto agrega que se busca “arrebatarle la esperanza al pueblo venezolano del anhelado restablecimiento de las libertades democráticas”.

“Es la fiel representación de las mascaradas de elecciones en países comunistas que se hacen sin opositores, como en Cuba, Nicaragua y los fraudes en anteriores eventos electorales en Venezuela”, dice la carta en apoyo a María Corina Machado.

Los firmantes hicieron un llamado al Gobierno de Chile a que se pronuncie para “condenar esta flagrante violación a los derechos ciudadanos y a las libertades políticas en Venezuela”.

“Llamamos a los gobiernos democráticos de América Latina a pronunciarse por esta afrenta a la democracia”, dice la carta.

Los líderes políticos manifestaron que “los demócratas chilenos solidarizamos con el pueblo venezolano y en especial con la diáspora de ese pueblo que ya cuenta con más de 8 millones de personas fuera de su tierra”.

Entre los firmantes destacan ex ministros, senadores, diputados, consejeros y ex constituyentes, quienes condenaron la inhabilitación.

Este repudio se suma al hecho por el alto representante para Asuntos Exteriores del bloque comunitario, Josep Borrell, quien criticó la inhabilitación impuesta a la opositora María Corina Machado para ejercer cargos públicos de elección popular en el país caribeño.

Borrell consideró este lunes que las sanciones administrativas como la impuesta a la ex diputada Machado, dada a conocer el viernes pasado, “socavan la democracia y el Estado de derecho y solo profundizarán la larga crisis política y social en Venezuela”.

“La UE expresa su profunda preocupación con las decisiones que tratan de impedir a miembros de la oposición ejercer sus derechos políticos fundamentales”, dijo el alto representante, citado en un escrito oficial.

La Controlaría General de Venezuela informó de la inhabilitación a Machado, que le impide desempeñar cargos públicos de elección popular durante 15 años, tras una investigación patrimonial en la que -aseguró la institución- se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.

La decisión se conoció el viernes pasado cuando la difundió el diputado José Brito, que solicitó a la Contraloría información sobre el estatus de la antichavista, quien presentó su candidatura a las primarias de octubre.

A pesar de la inhabilitación, el próximo 22 de octubre, la ex diputada competirá contra otros 12 aspirantes en unas primarias organizadas por la principal coalición opositora para escoger al abanderado que se enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024.

Si la inhabilitación de Machado se mantiene, no podrá competir por la Presidencia contra la persona que el chavismo designe como candidato, puesto que su estatus le impide inscribirse como candidata ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, por tanto, hacerse con la jefatura de Estado.

Borrell dijo que celebrar unas elecciones presidenciales en 2024 que sean “creíbles, transparentes e inclusivas es una parte esencial de la solución” a la crisis política en Venezuela.

También recordó que la Misión de Observación Electoral que la UE envío a Venezuela en 2021 pidió la abolición de la prerrogativa de la Controlaría General de “despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna”.

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