La “cesión de funciones estatales también le ha permitido al régimen de Maduro encauzar recursos y oportunidades económicas a los grupos armados, estableciendo una relación clientelista”

Con información de El Nuevo Herald / por Antonio Maria Delgado

Las reglas son muy estrictas para vivir en San Vicente, un barrio de Maracay en el norte centro de Venezuela. Los hombres no pueden salir de sus casas sin camisas, los niños no pueden estar en la calle después de las 6 p.m., y las casas deben estar alumbradas y ser decoradas con plantas afuera.

Éstas y otras reglas, que también incluyen una prohibición a la venta de drogas y de cigarrillos, deben ser cumplidas sin excepciones. Violarlas le puede ganar al infractor un juicio en el que un jurado puede impartir castigos muy severos, incluyendo el exilio y hasta la muerte.

San Vicente, al igual que muchos otros barrios en Venezuela, son gobernados por bandas delictivas asociadas al régimen de Nicolás Maduro, y el hecho de que han pasado a ser la autoridad dentro de vastas zonas del país refleja el gran poder que han acumulado dentro del país petrolero, muestra un informe publicado el miércoles por la organización periodística abocada a investigar la criminalidad Insight Crime.

En Venezuela, organizaciones criminales son parte intrínseca del régimen de Caracas, que no solo se ha asociado a varias de ellas en la conducción de negocios ilícitos, sino que también cuenta con el poder de fuego que ellas tienen para defender la denominada Revolución Bolivariana, segun el informe.

Estas alianzas han instaurado a en Venezuela un estado híbrido donde “casi todo es posible: narcotraficantes financian obras públicas, los colectivos (organizaciones paramilitares) gestionan los servicios públicos, los pranes (bandas criminales) coordinan traslados de prisioneros, y las pandillas han establecido fundaciones caritativas que reciben financiación estatal para todo, desde programas deportivos hasta clínicas médicas”, señala el informe.

“Esta cesión de funciones estatales también le ha permitido al régimen de Maduro encauzar recursos y oportunidades económicas a los grupos armados, estableciendo una relación clientelista”, agregó el estudio, titulado el Surgimiento del Estado Híbrido Criminal en Venezuela.

El resultado final es que elementos de la guerrilla colombiana, bandas criminales y agrupaciones paramilitares también involucradas en operaciones delictivas disfrutan de estrechas alianzas con el régimen o han sido asimiladas totalmente, señala el estudio.

El fenómeno comenzó con la incorporación de las bandas paramilitares conocidas como colectivos a la denominada revolución bolivariana durante la presidencia de Hugo Chávez. Pero fue después que el fundador del chavismo sucumbió al cáncer en el 2013 que el matrimonio del régimen con las agrupaciones criminales terminó alimentándose en el país.

El respaldo de los sectores criminales se volvió esencial para que Maduro lograra sobrevivir lo que lucía como una tormenta perfecta que amenazaba su gobierno, ante el hecho de que no contaba con el mismo grado de popularidad que Chávez, su victoria electoral desde un inicio fue cuestionada, y el inicio de su presidencia coincidió con el del colapso de la economía venezolana.

“La respuesta de Maduro fue potenciar uno de los legados más turbios de la era de Chávez: la relación convergente entre el Estado venezolano y grupos armados y del crimen organizado. Lo que siguió puso a Venezuela en un camino único de evolución delictiva”, señala el estudio.

“Hoy, los grupos criminales y los actores estatales corruptos juntos forman un estado híbrido que combina la gobernabilidad con la criminalidad, y donde los grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en él se forman redes criminales,” enfatizó.

El régimen se beneficia por el hecho de que estás agrupaciones están armadas en las calles y pueden ser llamadas en cualquier momento para salir a defender a Maduro frente a cualquier movimiento interno de resurrección. A cambio, el régimen les permite llevar libremente sus operaciones delictivas y hasta se les permite asumir el control sobre territorio.

Una clara ilustración de este último punto es la situación en San Vicente, cuyas estrictas reglas fueron impuestas por una fundación conocida como Somos El Barrio JK, frente público de la más poderosa banda criminal de Venezuela: el Tren de Aragua.

San Vicente es un barrio que se encuentra cerca de la base de operaciones de la organización criminal la Cárcel de Tocorón. El Tren de Aragua no solo controla las vidas de los miles de reos que habitan en el centro penitenciario, sino que también los residentes que habitan en la zona aledaña.

“Tocorón se ha vuelto como un reino... El estado se ha volcado por completo control”, dijo Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, en declaraciones reproducidas en el informe.

Pero la agrupación criminal no sólo estableció el control dentro de las prisiones, sino que también con la asistencia de elementos estatales, ha pasado a ser parte del gobierno híbrido, lo que le ha permitido extender su influencia fuera de Tocorón.

A la actuación de bandas como el Tren de Aragua se le suma la actuación de los colectivos, cuyos miembros forjaron vastas redes a lo largo del país y actuaban como fuerzas de choque armados dispuestos a utilizar la violencia para aplastar las manifestaciones de protestas contra el régimen.

Estos también actuaban en distintas zonas del país como fuerzas de control social, a cambio de lo cual se le otorgaba mano libre para incursionar en el crimen, incluso cuando en ocasiones eran incorporados en organismos policiales. Esto ocurrió así, porque las presiones económicas que enfrentaba el régimen no le permitía mantener en nómina a los miles de integrantes de los colectivos, señala el estudio.

“La solución fue permitir que los colectivos criminalizaran. El gobierno les ofreció control de los mercados negros de alimentos subsidiados, de gas para cocinar y de gasolina, y se hizo de la vista gorda cuando algunos grupos organizaron redes de extorsión, ni actuaron para detener delitos como robos, secuestros y microtráfico de drogas”, señala el documento.

“Aquí somos una mafia”, dijo un líder colectivo en el barrio 23 de enero de Caracas, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “Estar en un colectivo te da más poder, más dinero, más oportunidades. Estar en un partido político significa que eres parte del sistema, pero ser colectivo es ya estar en otro nivel”.

Atraídos por el poder y el dinero generado por sus operaciones criminales, los colectivos en los últimos años comenzaron a distanciarse de los objetivos políticos de la revolución, lo que llevó al régimen a introducir los denominados Cuadrantes de Paz para reagrupar a los colectivos bajo una nueva bandera.

Sumados a estos grupos se encuentran las organizaciones guerrilleras de Colombia y de Venezuela, las cuales también operan con total libertad en el país petrolero.

Organizaciones como las venezolanas Fuerzas Armadas de Liberación, el colombiano Ejercito de Liberación Nacional y elementos remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han controlado o controlan grandes porciones de los estados fronterizos, en ocasiones operando como aliados del gobierno central de Caracas.

En ocasiones, la relación entre el régimen y los guerrilleros se ha visto quebrada por circunstancias imprevistas, como cuando miembros del FBL secuestraron en el 2021 a la hija de un cercano aliado de Diosdado Cabello, considerado como el segundo hombre más poderoso de Venezuela.

Pero la presencia de la guerrilla sigue siendo esencial para el régimen, que mantiene a los integrantes del ELN como un valioso aliado en sus objetivos de mantenerse en el poder.