Afectados por liquidación del BOD acuden a la ONU argumentando denegación de justicia por parte del TSJ
Abogados enviaron una solicitud al alto comisionado de derechos humanos, a relatores especiales y a grupos de trabajo de las Naciones Unidas, dado que a seis meses de introducir la denuncia la Sala Constitucional no la ha negado ni admitido
Con información de El Nacional / Por Karina Villarreal @DeisyKarina8
Las cerca de 200 personas que demandaron al extinto Banco Occidental de Descuento (BOD) acudieron a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (Acnudh), señalando al Estado venezolano de denegación de justicia, por no haber brindado respuesta alguna (ni admisión ni negación) a la denuncia colectiva que se introdujo el 25 de octubre de 2022.
En esa ocasión, El Nacional informó que los abogados Carlos Calderón y Roberto Hung, en representación de aproximadamente 200 ciudadanos, introdujeron una demanda ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del BOD, así como contra su propietario Víctor Vargas y la empresa holding Cartera de Inversiones de Venezuela C. A.
Intervención de entidades asociadas del BOD en países del Caribe
Los demandantes son venezolanos que poseían ahorros en cuentas de bancos asociados del BOD en el Caribe que fueron intervenidos y liquidados. Es el caso del Banco del Orinoco (BDO), en Curazao; BOI Bank, en Antigua y Barbuda; ALL BanK, en Panamá, y Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), en República Dominicana.
Posteriomente, el 15 de noviembre, el abogado Calderón informó a El Nacional que la Sala había dado «entrada formal» a la demanda.
«El TSJ le dio entrada administrativa, es el paso previo y necesario para considerar la admisión o la negación de la demanda», señaló entonces, cuando insistió en aclarar que no podía considerarse como una admisión.
Seis meses sin respuesta
Sin embargo, transcurridos más de seis meses desde la introducción de la demanda y cinco meses y medio de la entrada administrativa, los afectados siguen sin obtener una respuesta del máximo tribunal del país.
Por ello El Nacional conversó nuevamente con el abogado Carlos Calderón, quien reveló que los afectados decidieron acudir a instancias internacionales debido a la “denegación de justicia por parte del TSJ” y, por tanto, por parte del Estado venezolano.
El abogado explicó que la decisión de acudir al alto comisionado de derechos humanos se tomó durante la visita de Türk a Venezuela el 26 de enero. Sin embargo, indicó, la solicitud no fue aceptada en ese momento debido a la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que estaban pidiendo ser atendidos por el funcionario de la ONU.
No obstante, la coordinadora de la oficina de Acnudh en Venezuela concedió posteriormente una cita con los abogados del caso y les recomendó presentar una solicitud formal tanto al alto comisionado de derechos humanos como a relatores especiales y grupos de trabajo que los abogados consideren pertinentes.
Los derechos humanos contemplan el acceso a la justicia
Calderón detalló que la justificación para llevar el caso contra el BOD a instancias de la ONU, incluida la oficina de Derechos Humanos, es que el acceso a la justicia está contemplado precisamente como un derecho humano fundamental.
El reclamo también se elevó al relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; a los miembros del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y a la coordinadora de la oficina del Acnudh en Caracas.
«De acuerdo con la normativa del Código de Procedimiento Civil, son tres días para dar una respuesta a la denuncia. Se cumplieron 180 días sin que la admitieran o la negaran. Es decir, están evitando el acceso a la justicia. En términos de derechos eso se llama denegación de la justicia», remarcó Calderon refiriéndose a la Sala Constitucional del TSJ.
«La justicia se administrará lo más brevemente posible. En consecuencia, cuando en este Código o en las leyes especiales no se fije término para librar alguna providencia, el juez deberá hacerlo dentro de los tres días siguientes a aquel en que se haya hecho la solicitud correspondiente», establece el artículo 10 del código mencionado.
«El TSJ le tranca la vía constitucional al ciudadano»
«Es muy fácil para ellos (TSJ) trancarle la vía pacifica al ciudadano, la vía constitucional, la vía del ejercicio de los derechos y, específicamente, de los derechos humanos, en este caso el de acceder al tribunal», manifestó Calderón.
Recordó que en los seis meses transcurridos desde que se presentó la demanda, él y su colega Roberto Hung han acudido al tribunal con regularidad.
«Hemos hecho algunas diligencias para que aparezca asentado que estamos pendientes del expediente, pero nada. Sencillamente es el mismo ritornelo en todo el país, van pasando las cosas, un escándalo tapa el otro y así van las cosas», expresó.
«Que no se apague el caso»
Calderón insistió en que el caso de los afectados por la liquidación del BOD no debe apagarse.
«Estamos buscando que no se apague el caso, que caiga en instancias internacionales sobre derechos humanos, en el sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos», destacó.
Precisó que las oficinas pertinentes de la ONU podrían solicitar a organismos y funcionarios venezolanos, que tengan competencia en la materia, que aporten informaciones concretas de cómo ocurrió la operación de compra-venta de los activos del BOD en Venezuela. Eso incluye, por ejemplo, a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) y a las entidades financieras involucradas en la transacción.
Grupo Financiero BOD
Cabe recordar que aunque se trata de afectados por la liquidación en bancos en el exterior, en la demanda se expone que todas esas entidades intervenidas en el Caribe constituían un solo grupo financiero. Por lo que, argumentan los demandantes, los activos del BOD en Venezuela debieron destinarse a reparar a los afectados en los bancos asociados en Curazao, Antigua y Barbuda, Panamá y República Dominicana.
En cambio, se hizo una operación de compra-venta únicamente de los activos y pasivos del BOD en Venezuela, por lo que los clientes en territorio nacional fueron absorbidos por el banco comprador, pero los clientes en el extranjero quedaron en un limbo.
Al momento de introducir la demanda se contabilizaban cerca de 200 personas. Sin embargo, otras 36 personas se han comunicado con los abogados Calderón y Hung para unirse, aunque formalmente no podrán hacerlo hasta tanto el TSJ ofrezca alguna respuesta.
Calderón indicó que otros siete abogados representan a otros clientes afectados por la liquidación de las entidades asociadas del BOD en el Caribe y también están a la espera para adherir a la demanda.
Operación anticorrupción
Calderón consideró llamativo que no se atienda el caso contra el BOD al tiempo que se muestra el despliegue del último mes y medio en la operación anticorrupción que ha involucrado la detención de más de 60 personas vinculadas con irregularidades en Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y el sistema judicial.
«De repente sale la corrupción a los niveles que hemos visto y no se entiende por qué el TSJ no le da cabida al reclamo de estos ciudadanos contra el BOD, incluso para que el señor Vargas pueda defenderse, ni por eso lo hacen. Una simple reflexión hace pensar que esto tiene un trasfondo más profundo», dijo.
Deudas del BOD por más de 1.200 millones de dólares
«En un caso que involucra a 5 entidades bancarias, 4 de ellas en jurisdicciones ‘off shore’ ya todas intervenidas o liquidadas, que algunos consideran la mayor estafa de la historia por parte de un grupo privado (Grupo Financiero BOD) en contra de aproximadamente 12.000 depositantes y que supera los 1.200 millones de dólares, la vía legal se encuentra inexplicablemente inaccesible». Así lo reseña un documento firmado por los abogados del caso y facilitado a El Nacional.
El texto añade que se trata de «un entramado financiero de por sí difícil de desenredar que envuelve a personas cercanas al gobierno, personalidades del extranjero y decisiones insuficientes y tardías de las autoridades nacionales».
En ese contexto, indica que «es el Estado que en un acto de denegación de justicia acrecienta los daños que se están causando a los afectados y deja sin establecer las responsabilidades que sin duda existen».
«Hoy es el Poder Público a través de la Sala Constitucional del TSJ quien niega, imposibilita y conculca a los ciudadanos afectados el derecho de actuar por la vía legal. No se pronuncia para no comprometer su opinión, para que se continúe el ‘olvido de los hechos’ por el transcurrir del tiempo, que un escándalo tape al otro y permanezcan los tiempos que vive el país. Creemos que este nuevo actuar (elevar los reclamos a la ONU) pondrá en la mira y en evidencia en la comunidad internacional lo que aquí sucede que, más allá de lo ya conocido, también se pisotean otros derechos fundamentales, constitucionales de distinta índole», señala.
