En la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en el país

Con información de Infobae / por Gastón Calvo

La Corte Penal Internacional (CPI) celebra este miércoles en su sede en La Haya la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el régimen chavista presenta de nuevo sus apelaciones contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos.

El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes: “Evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso idenificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emmerson.

En tanto, el letrado Aitor Martínez Jiménez detalló que “los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”.

Emmerson defendió que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que “deben prestar atención a los mismos porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño”.

“La Sala fue razonable e hizo lo correcto”, continuó la Fiscalía de la CPI; al tiempo que ratificó que “hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad” en la nación caribeña. “Pese a esto, Venezuela insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos pero estos fueron casos aislados e individuales y se investigaron oportunamente”, acotó.

Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que “ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”.

Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, “47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.

Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que -para las víctimas-, “sólo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.

Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Corte Penal Internacional, recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. “Cuando lo hizo, asumió unos compromisos, entre ellos el respeto a que la CPI podría tener que actuar en algunas circunstancias. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le costó a Venezuela en los últimos 23 años aceptar la legislación?”, preguntó.

Ante ello, el abogado Ben Emmerson respondió: “La crítica de los 23 años es injuta. Venezuela fue el primer país de la región en firmar el Estatuto de Roma y ha respetado sus obligaciones con la Corte”. El letrado criticó que la CPI, como “corte extranjera” -así la definió-, “intervenga en el derecho nacional y soberano de perseguir a los propios ciudadanos por crímenes en su propio territorio”.

El martes, la fiscalía de la CPI alegó que su investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, en contra de la posición mantenida por el régimen de Caracas.

El chavismo, que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar la investigación pero no lo consiguió.

Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública y Sensibilización de la Corte Penal Internacional, indicó que, en términos generales, lo que se está dirimiendo es una cuestión de admisibilidad de una situación ante la CPI. Todo esto bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, que requiere que un Estado demuestre un proceso avanzado de investigaciones y procesamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por el Fiscal de la Corte.

Fue en junio pasado cuando los jueces de la sala de cuestiones preliminares autorizaron al fiscal de la CPI a seguir con las investigaciones, al considerar que si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI.

La República Bolivariana de Venezuela apeló esa decisión y en estas audiencias no se dictará una sentencia. El fallo de los jueces se emitirá más adelante.

Durante estos dos días -ayer y hoy- se brindó la oportunidad a la Fiscalía de la Corte, a los representantes del régimen venezolano y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, que actúa en nombre de los intereses generales de las víctimas, de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y de responder a las preguntas de los jueces.

Luego de las audiencias, los jueces deliberarán y emitirán su fallo a su debido tiempo. Si no se puede alcanzar la unanimidad, el dictamen se tomará por mayoría de los jueces.

El fallo se dictará en audiencia pública y su fecha se anunciará públicamente con antelación, informaron desde la CPI.

Los jueces pueden decidir confirmar la decisión previa de la Sala de cuestiones preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, revertirla o modificarla. También pueden enviarla a la Sala de cuestiones preliminares para una nueva determinación.