Los casos con más implicados son la Operación Gedeón con 62 personas acusadas, Operación David con 39 procesados, caso Cotiza con 24 y Operación Libertad con 22

Nota de prensa

La situación actual de los presos políticos militares en Venezuela evidencia que la persecución por motivos políticos contra oficiales institucionales se mantiene inalterable, arrojando que de 258 personas procesadas –según nuestros registros- 223 son castrenses, y de estos 182 están privados de libertad.

Las cifras las presenta nuestra directora, Lilia Camejo Gutiérrez, quien explica que ya está disponible en nuestra web y redes sociales el informe correspondiente a septiembre 2021- mayo 2022 de la organización, donde las estadísticas actualizadas evidencian la precaria realidad que enfrentan los castrenses perseguidos.

Detalla que actualmente hay 25 casos que involucran a militares, de los cuales al menos 10 están activos. Estos procesos son llevados tanto en tribunales militares como ordinarios, así como en la jurisdicción especial con competencia en terrorismo. En esta última están causas como las de la Operación Gedeón, Operación Libertad y Operación Aurora.

Al revisar los casos, encontramos que las causas mixtas, es decir, aquellas en las que están señalados militares y civiles, y que eran llevadas por la jurisdicción militar, están siendo trasladadas a tribunales de la jurisdicción ordinaria, debido a que la última reforma al Código Orgánico de Justicia Militar habilita equivocadamente que los castrenses puedan ser juzgados por tribunales de la jurisdicción penal ordinaria aunque estén incursos en delitos de naturaleza miliar. Algunos de estos son la Operación Fuerte Paramacay, que espera nueva fecha de acto de apertura de juicio y el finalizado en 2021 caso Vuelvan Caras.

Camejo refiere que los casos con más implicados son la Operación Gedeón con 62 personas acusadas, Operación David con 39 procesados, caso Cotiza con 24 y Operación Libertad con 22.

Al clasificar los 223 militares procesados penalmente por razones políticas ante la justicia militar, tribunales ordinarios y la jurisdicción especial con competencia en terrorismo, el informe precisa que además de los 182 militares que están tras las rejas, 74 están en libertad y dos murieron en prisión. Sin embargo, se debe aclarar que el estatus de quienes están fuera de la cárcel varía, porque puede responder al cumplimiento de pena, estar absueltos o tener medidas cautelares.

Camejo además llamó la atención sobre la irregularidad procesal más relevante contra los presos políticos militares contenida en el informe, el retardo procesal, el cual denunció que es sistemático y constante en todas las fases procesales.

Puso de ejemplo el caso Cotiza, cuyo juicio culminó este mes, sin embargo mientras la audiencia preliminar tuvo un retardo de 37 días; el acto de apertura de juicio se realizó con 995 días de retardo, es decir que los acusados debieron esperar casi tres años presos por el juicio.

Esta irregularidad se repite en prácticamente todas las causas que involucra a militares, tal es el caso del proceso seguido contra el M/G Miguel Rodríguez Torres, cuya audiencia preliminar se dio con un retardo de 1167 días y tiene casi un año esperando que inicie el juicio.

La directora de Justicia Venezolana concluye que el monitoreo de los casos contra los presos políticos militares evidencia como la violación al debido proceso (casos penales que son iniciados y continuados sin que exista elemento probatorio alguno, medidas de prisión preventiva caducadas), el derecho a la defensa (obstaculización para nombramiento del abogado) o el retardo procesal (de meses o años, según el caso) han devenido en circunstancias sistemáticas y violatorias de los derechos humanos de los militares que, incluso, constituyen delitos de lesa humanidad.