Marino Alvarado, de Provea, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, habían exigido una investigación contra el mandatario regional por la letalidad de la policía regional

Juan Afonso/@jcabnews

Los defensores de DDHH, Marino Alvarado, coordinador de Provea, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, fueron demandados por "difamación agravada y continuada" por el gobernador Rafael Lacava.

Esta demanda vino dos meses después que ambos activistas de DDHH mostraran el informe Lupa Por La Vida, que dejó constancia de 221 muertes extrajudiciales cometidas por PoliCarabobo en 2021, lo que convierte al cuerpo de seguridad estadal en el más letal del país.

Estos casos fueron documentados por los activistas y presentados en marzo pasado, por lo que exigieron una investigación a toda la cadena de mando por estos hechos