Administración de Nicolás Maduro acelera devolución de bienes expropiados

Destacan que en ningún caso parece estar planteada la figura de indemnizaciones o pagos a los afectados

Redacción

Sin anuncios relevantes y con mucha discreción, los funcionarios de Maduro adelantan un proceso de escala para devolver al sector privado los activos expropiados, incluso en los últimos años.

Esta decisión comprende una lista de propiedades y empresas. De momento, destacan fincas y hatos vinculados a la producción agraria, aunque también hay hoteles e industrias, según el portal español El País.

El referido medio destacó que el hermetismo es clave en este proceso. La devolución del Centro Comercial Sambil a sus propietarios, la familia Cohen, que llevaba meses en negociaciones secretas parece ser la punta del iceberg.

Destacan que en ningún caso parece estar planteada la figura de indemnizaciones o pagos a los afectados.

En este contexto, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Tarek El Aissami, y los ministros del área económica y comercial, con la autorización de Nicolás Maduro, conducen el cronograma de entregas. Esto con carácter selectivo y bajo una desarrollada conducta de objeciones y resistencias en el sector chavista.

Fuentes consultadas por el medio español, resaltaron que las comunicaciones del oficialismo con el empresariado, es fluida.

El gobierno, algunos empresarios y varios sindicatos planean convocar para finales de este mes al Foro de Diálogo Social, con Maduro ejerciendo de árbitro. Esto en presencia de funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo.

Administración de Maduro acelera devolución de bienes expropiados

Aseguran que en materia agraria, el gobierno de Maduro y los empresarios discuten un papel de trabajo en el que se evalúa la devolución de hatos como El Rodeo, ubicado en el estado Guárico, de 3.600 hectáreas.

Además, el Hato Las Mercedes, en Barinas, con 14.000 hectáreas; el Fundo San Roque, en el estado Zulia, de 176 hectáreas, y la Escuela Agronómica Salesiana San José, en Barinas, de 1.800 hectáreas. También el Fundo San Antonio, en el estado Yaracuy, de 1.200 hectáreas; el Fundo Buena Esperanza, en el Zulia, de 900 hectáreas, y el Hato Cristo/El Trébol, en el Estado Mérida, de 530 hectáreas.

Los funcionarios chavistas realizan diversas proposiciones a los dueños expropiados de compañías e industrias manufactureras —la empresa de agroquímicos y servicios AgroIsleña, Aceites Diana; la siderúrgica Sivensa—. Pero, a diferencia de lo que sucede con las haciendas, el ofrecimiento es recibido con incredulidad y renuencia.

Devoluciones de otras empresas

El medio de comunicación internacional destacó que la cadena de hoteles estatal Venetur se está desprendiendo de algunas de sus sedes. Walter Stipa, empresario cercano al chavismo, asume el control de algunas de ellas para operarlas.

“El chavismo está ofreciendo contratos de servicio bajo la figura de concesiones. Sus funcionarios siguen muy renuentes a usar la palabra privatización”.

Las acciones emprendidas durante el gobierno de Chávez con las expropiaciones, tomas y “rescates” de tierras en Venezuela, suponían que era para hacer “justicia social y redistribuir la riqueza”.

Para entonces también incluyó a fábricas cementeras, industrias de vidrios, siderúrgicas, hoteles, operadoras petroleras, el servicio eléctrico y la compañía de teléfonos.