En el informe se denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana

Redacción

El nuevo informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Provea titulado “Con la Comida no se Juega: Graves Violaciones al Derecho Humano a la Alimentación en Venezuela”, muestra cómo el deterioro institucional y democrático del Estado venezolano, así como las políticas públicas del Estado, han causado graves violaciones al derecho a la alimentación desde 2016.

El informe de 72 páginas, fruto de una misión de investigación conducida por un equipo multidisciplinario durante el año 2021, denuncia la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana.

El informe señala que el gobierno venezolano tiene la obligación de adoptar medidas para aliviar el hambre, al haber ratificado en 1978 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se reconoce el derecho a la alimentación. Después de muchos años de silencio, el gobierno de Maduro ha empezado a reconocer la gravedad de la crisis. La implementación en 2019 de la dolarización informal y la liberalización focalizada han disminuido la escasez de productos vivida los años anteriores, pero muchos de estos son inasequibles para la mayoría de la población cuyos ingresos son en bolívares, no en dólares.

La pobreza se ha incrementado exponencialmente, llegando al 94,5% de la población en 2021. En los últimos seis años, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela se ha contraído en más del 80%, representando una de las contracciones económicas más violentas que haya conocido el hemisferio fuera de contextos de enfrentamiento armado. A esto se suma un cuadro hiperinflacionario de más de tres años, agravando la inseguridad alimentaria.

El resultado de estas condiciones económicas ha sido el desarrollo de una emergencia humanitaria compleja caracterizada además de las abrumadoras cifras de pobreza por la inseguridad alimentaria, la desnutrición infantil y una extensa ola migratoria que ha expulsado a casi seis millones de personas. Se ha estimado que, para 2020, al menos 30% de los niños y niñas padece de alguna forma de desnutrición, entre quienes más de la mitad sufriría de desnutrición aguda o severa. El informe desvela la afectación diferenciada en el acceso al derecho a la alimentación por parte de otros grupos vulnerables, como las personas privadas de libertad, las personas mayores y las mujeres.

La falta de acceso a otros recursos como la tierra, el agua y ciertos servicios básicos también influye en la inseguridad alimentaria. La capacidad de tratamiento y distribución del agua potable es hoy solo 40% de la capacidad que tenía el país en 1998. Además, la generación de electricidad ha caído 74%, por lo que, durante el año 2021, se registraron 174.000 apagones que afectaron al 74,2% de la población. Finalmente, la escasez de cilindros de gas para cocinar obligó a 5,4 millones de personas a cocinar con leña en 2021.

El informe muestra cómo la alimentación es una de las áreas más afectadas por los altísimos niveles de la corrupción en Venezuela, con la captura de las redes de producción y distribución de alimentos; por lo que ha sido un factor determinante en la afectación del derecho de la población venezolana a un nivel de alimentación adecuada. De acuerdo con el derecho internacional, el Estado de Venezuela tiene una obligación de proteger contra el desvío de los fondos públicos.