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Sale de prisión banquero suizo que ayudó a federales en Miami en caso de corrupción venezolana

La salida de Krull de la Institución Correccional Federal coincidió con el inicio esta semana de otro juicio por corrupción que involucra a la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa

Con información del Nuevo Herald

Un banquero suizo que ayudó a guiar a fiscales y agentes estadounidenses a través de un laberinto de corrupción que se extendía desde Venezuela hasta Europa y el sur de la Florida fue liberado el martes después que una jueza federal redujera drásticamente su condena a un año y tres meses, el tiempo cumplido desde su encarcelamiento en el verano de 2021.

Matthias Krull, de 48 años, fue condenado inicialmente a 10 años de prisión por su papel de apoyo en un multimillonario caso de lavado de dinero venezolano en Miami que ha estado en el centro de atención criminal mundial desde que se presentó en 2018.

Sin embargo, en una rara concesión, Krull recibió dos reducciones significativas de la sentencia —primero a tres años y medio y luego el lunes a tiempo cumplido— de la jueza de distrito federal Cecilia Altonaga, después que los fiscales recomendaran dos veces un tiempo sustancialmente menor tras las rejas. En su última decisión, Altonaga fue mucho más allá de las recomendaciones de los fiscales e incluso de los abogados defensores, citando el “grado de cooperación” y otros factores.

Los abogados de Krull, Oscar S. Rodríguez y Jeffrey Neiman, emitieron un comunicado en el que agradecieron a la jueza, los fiscales y demás implicados “en el proceso” por permitirle volver con su “querida familia” en la zona de Miami.

La salida de Krull de la Institución Correccional Federal en el suroeste de Miami-Dade coincidió con el inicio esta semana de otro juicio por corrupción que involucra a la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, en el tribunal federal de Fort Lauderdale. Se les acusa de aceptar más de $100 millones en sobornos de empresarios venezolanos con conexiones políticas a quienes se les concedieron lucrativos contratos para realizar operaciones de cambio de divisas muy rentables para el gobierno.

En el caso de Krull, los fiscales elogiaron la ayuda del banquero suizo en el caso de corrupción en el extranjero que implica a cleptócratas venezolanos acusados de robar enormes sumas de su gobierno y de trasladar el dinero sucio a Europa y al sur de la Florida.

A Krull se le atribuye haber ayudado a los fiscales y a Investigaciones de Seguridad Nacional a obtener acuerdos de culpabilidad de otros dos acusados en el caso de conspiración para lavado de dinero por valor de $1,200 millones: un gestor de dinero de Miami y un ex funcionario petrolero del gobierno venezolano, según los registros judiciales. También ayudó a poner en contacto a los fiscales de Miami con banqueros de Suiza y otros países europeos para recopilar información valiosa sobre los planes de lavado de dinero venezolano en todo el mundo.

Hasta ahora, cuatro de los nueve acusados en el caso de Venezuela —que implicaba préstamos falsos concedidos a la compañía petrolera estatal que se devolvían con dinero lavado a través de los sistemas de cambio de divisas favorables del gobierno— se han declarado culpables en el tribunal federal de Miami. El resto se consideran prófugos en Venezuela o en otras partes de Sudamérica.

Se creyó erróneamente que Krull era el cabecilla del grupo porque fue el primero en ser arrestado cuando viajaba través del Aeropuerto Internacional de Miami en julio de 2018. Pero la realidad era muy distinta. Si bien era un banquero suizo con buenos contactos que operaba en Panamá y Venezuela, se le incorporó al esquema de lavado de dinero en una etapa tardía para ayudar a mover cientos de millones de dólares de Europa a Estados Unidos, una tarea que él y sus asociados nunca completaron.

Aunque nunca fue compensado por su papel de apoyo en la trama, a Krull se le ordenó pagar $600,000 como sanción económica como parte de su sentencia inicial de 10 años de prisión, ahora reducida drásticamente.