Para elaborar el Índice, la agrupación internacional no solo evaluó la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, sino también la capacidad del Poder Judicial en general para fijarle límites al Gobierno

Nota de prensa

«El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor». Las autoridades venezolanas parece que jamás han escuchado esta frase del filósofo chino Confucio, al menos esa es la sensación a la que se llega al revisar los resultados de la última edición del Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), en el cual el país ha vuelto a quedar, por octavo año consecutivo, en el último lugar de los 140 países evaluados.

En el reporte que la agrupación internacional viene elaborando anualmente desde 2008 y que fue publicado a finales de octubre el país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, es decir una centésima menos que la que consiguió el año anterior cuando consiguió 0,27.

El Estado de derecho, según WJP, es un sistema durable de leyes, de instituciones y de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones, al tiempo que protege los derechos fundamentales de toda la población. Este ofrece mecanismos accesibles e imparciales para resolver las controversias y disputas que se presenten en una sociedad determinada.

Para elaborar el Índice, la agrupación internacional no solo evaluó la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, sino también la capacidad del Poder Judicial en general para fijarle límites al Gobierno; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente. Para ello se entrevistaron 154.000 hogares y se consultó la opinión de 3.600 abogados, académicos, juristas y catedráticos en Derecho en los 140 países.

Déjà vu

Como en 2021, el país quedó en el último lugar en el mundo en tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal, además de la categoría que engloba las ocho, que es Estado de derecho.