La Sociedad Interamericana de Prensa en su 78 Asamblea General detalló la gravedad de la censura impuesta por el régimen de Nicolás Maduro

Con información de EFE

30 de Octubre de 2022.- La portada de El Nacional, uno d elos emdiso más castigados por la dictadura venezolana

Decenas de medios de comunicación han sido cerrados o bloqueados en Venezuela por el régimen en el último año, mientras se mantienen múltiples riesgos para quienes ejercen el periodismo en el país, según un informe aprobado este domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su 78 Asamblea General.

“En este período, se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el Gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras”, subrayó la organización que celebra, desde el jueves pasado y hasta hoy, su Asamblea General en Madrid.

El informe recuerda que en Venezuela “hace tiempo, prácticamente, desapareció la prensa escrita”, en alusión al cierre de periódicos en la última década, de los cuales responsabilizó al Gobierno -que tiene el monopolio del papel prensa- por estos hechos.

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Asimismo, la SIP señaló que las estaciones de radio y los canales de televisión están a merced de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador que tiene “poderes ilimitados” para ejercer “censura absoluta”.

En los últimos cuatro meses, el ente regulador ha cerrado, al menos, 40 estaciones de radio, de acuerdo con los reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

“Cualquier tontería es una excusa (en Venezuela) para anular las concesiones, las cuales se traspasaron a personas vinculadas al Gobierno (...) bajo el pretexto de no contar con permiso de operaciones, son cerradas en represalia por su línea editorial”, comenta la SIP.

Contra los medios digitales

Desde 2021, Conatel ha bloqueado 45 webs noticiosas, un veto que es implementado por los proveedoras de Internet, los cuales alegan que tienen que cumplir con el marco legal del país.

La SIP considera que estas compañías están apegándose a una ley anticonstitucional o violando normativas extranjeras al optar por cumplir preceptos que van contra la progresividad de los derechos humanos.

De cualquier forma, la información circula principalmente a través de medios digitales en Venezuela, donde trabajan la mayoría de los periodistas que “asumen grandes riesgos” para cumplir con su labor.

Por ejemplo, señaló la organización, se exponen “a la violencia de algún funcionario, la amenaza de cárcel o el decomiso de sus instrumentos de trabajo” cuando asisten a una manifestación por los fallos en los servicios públicos o en exigencia de mejores salarios, ambos casos comunes en el país caribeño.

El informe de la agrupación continental expone una veintena de casos concretos que dan cuenta de la persecución a la prensa, entre los que destacan el hostigamiento a través de redes sociales por parte de funcionarios públicos, impedimentos de los cuerpos policiales para grabar hechos noticiosos y la apertura de procedimientos sancionatorios a medios privados.