La medida judicial se produce luego de que las autoridades de Andorra, Suiza y Mónaco enviaran información al juez Moreno

Redacción

Exfuncionarios venezolanos y sus asociados en tramas de corrupción han visto como el juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, los ha despojado de viviendas de lujo, puestos de estacionamiento, oficinas y productos financieros valorados en 14 millones de euros (16,4 millones de dólares).

La información publicada el diario madrileño El Mundo asegura que el juez Moreno dictó las órdenes de congelación de bienes en el marco de las investigaciones que adelanta por las millonarias comisiones que la empresa asturiana Duro Felguera habría pagado a media docenas de altos cargos de los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a cambio de mil millonarios contratos de infraestructura. Asimismo, cita a todos los implicados para que declaren ante la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción española acusa a la empresa de pagar los sobornos con el propósito de conseguir el contrato para la construcción de una central eléctrica de Termocentro, el cual ascendía a 1.500 millones de euros, equivalentes a 1.756 millones de dólares. Esta planta suministraría electricidad a Caracas y zonas aleñadas.

-¿Quiénes cobraron?-

La medida judicial se produce luego de que las autoridades de Andorra, Suiza y Mónaco enviaran información al juez Moreno, asegura el diario, que además revela que Duro Felguera habría entregado los 14 millones de euros al exviceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, quien a su vez, siempre según el relato del Ministerio Público, procedió al reparto de fondos entre diferentes altos funcionarios gubernamentales que tenían capacidad de decisión sobre el proyecto de la central eléctrica.

La Fiscalía española asegura que entre los receptores de los supuestos sobornos estarían el director de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de Pdvsa, Luis Carlos de León Pérez y el expresidente de Bariven y exdirector de Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec), Javier Andrés Alvarado Ochoa, quienes ostentaban “puestos dentro de las empresas públicas dependientes del proyecto Termocentro, concretamente en la empresa pública Electricidad de Caracas (EDC), incardinada en el Ministerio de Energía”. Alvarado Ochoa también fue viceministro de Energía.

Los investigadores acusan ambos exfuncionarios de blanquear (legitimar) “en nuestro país” los pagos recibidos “a través de la inversión en inmuebles y vehículos de alta gama”.

Julia Elba Van Den Brule, quien “actualmente (es) residente en España y que ocupó cargos como fundadora y administradora de una filial de PDVSA en España y fue asesora ejecutiva en 2005 del Ministerio de Energía y Petróleo en el momento en el que Rafael Ramírez era el responsable y Villalobos era el viceministro”, es otra quienes habría recibido pagos de Duro Felguera.

Esta última disponía de otra sociedad panameña, denominada en este caso Inversiones Eclipsi, y de otra más en Belice. Mediante este entramado percibió comisiones por importe de al menos 760.811 euros, según el diario.

Tanto a Alvarado Ochoa como Den Brule y a De León Pérez el juez Moreno led confiscó unas viviendas que había adquirido en los últimos años en lujosas áreas de Madrid.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, en un informe que ha trascendido a la prensa, señala que “una vez orquestada la primera fase para el cobro de comisiones, justificado a través del contrato entre la firma española y la venezolana, se debía crear una estructura legal que fundamentara el cobro de las mismas entre los actores intervinientes. Ello se hizo desde una compleja y opaca operativa de transferencias bancarias a través de la creación de estructuras societarias con el apoyo, entre otros, de la BPA”. Para ello, “crearon sociedades off shore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes o Emiratos Árabes con el asesoramiento de despachos especializados como Alemán Cordero & Galindo, conocido por Los Papeles de Panamá”.

Esta no es la primera vez que la justicia española confisca bienes presuntamente provenientes de desfalcos ocurridos en Venezuela y en los que habrían participado exfuncionarios venezolanos. A finales de 2018, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid embargó una urbanización de lujo con más de 40 villas en Marbella (Málaga) en la que Villalobos Cárdenas y otros socios presuntamente habían blanqueado dinero, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción.

En esta operación fueron congelados 115 inmuebles, entre hoteles, bloques de apartamentos y pisos, en distintas partes de España a la red que presuntamente blanqueó dinero de Pdvsa.

Villalobos Cárdenas ha sido procesado por la justicia española y también tiene cuentas con la del Principado de Andorra, porque junto con decenas de exaltos directivos de Pdvsa, habría participado un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la empresa estatal.

En Portugal se le investiga por presunto blanqueo a través del Banco Espíritu Santo y el Banco Madrid, así como en un juzgado de Texas, en Estados Unidos, también por presunto lavado de dinero.

Este mes el exviceministro volvió a la palestra luego de que el también juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, lo citará para declarar en el caso abierto contra el exembajador español en Caracas, Raúl Morodo, quien está siendo investigado por recibido 4,5 millones de dólares de PDVSA entre 2011 y 2015, de manera irregular.