Funcionarios de la DGCIM ocuparon hacienda en el estado de Apure. El dueño fue torturado y su abogado y un juez están presos

Los vecinos del hato Chaparralito denunciaron que “desde hace mucho tiempo han sustraído gran cantidad de animales, tanto bufalinos como bovinos

Con información de Infobae; Por Sebastiana Barráez

La periodista Sebastiana Barráez realizó un amplio reportaje publicado por el portal de noticias Infobae, titulado: “Guerra por la finca Chaparralito en Venezuela: el dueño fue torturado y su abogado y un juez están presos”, donde hace una recopilación de hechos y datos relacionados con esta situación irregular.

El juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, confiando en la solicitud de la Dgcim, de haber encontrado municiones y explosivos en el hato de Reyes Gabriel Hernández González, emitió orden de detención en su contra, el 29 de octubre 2020. El juez no sabía que El Finquero, como conocen a Hernández en los sótanos de DGCIM, estaba preso desde el 2017 y aunque terminó su condena el 20 de octubre, aun no lo habían liberado cuando él emitió la nueva orden de detención. Un año después le da libertad plena y ordena que le devuelvan el hato Chaparralito. Ahora el juez está preso y el abogado defensor también.

A Juan Carlos Guillén Rosales, un capitán retirado del Ejército y abogado defensor de Reyes Gabriel Hernández González lo detuvo la DGCIM, el 10 de diciembre 2021, en horas de la tarde, en el despacho del juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, un día después de la audiencia en la que el Tribunal Primero de Control de Apure declaró la libertad plena para su defendido. El abogado estaba buscando la orden para que el CONAS y la GNB lo acompañara para tomar el hato, además de la inspección de barrido de drogas.

El 9 de diciembre 2021 el juez Carlos Jaimes Gómez, juez primero de Control del estado Apure, le comunica a Hermes Eduardo Juárez, Fiscal Superior de esa entidad federal, las denuncias que se hicieron durante la audiencia preliminar de Reyes Gabriel Hernández González, a quien se le sigue causa como coautor deltráfico ilícito de municiones y explosivos en la modalidad de ocultamiento. Le anuncia que su Tribunal decretó sobreseimiento de esa causa y ordenó su libertad sin restricciones.

Entre las denuncias el Juez recibió en esa audiencia, por parte de la defensa, está que Hernández González, a quien en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llamaban El Finquero, fue la tortura, violación de sus derechos humanos, desde el mismo momento en que fue detenido en septiembre 2017.

Otro de los argumentos es que la defensa denunció que Reyes Gabriel “poseía 12 armas de fuego, colocando a la vista del Tribunal los correspondientes permisos de cada una de ellas”. Lo relevante es cuando el 11 de septiembre 2017 fue detenido, por funcionarios de la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32 del estado Apure, “esas armas fueron tomadas o retenidas sin justificación alguna desconociendo actualmente dónde se encuentran”.

La defensa solicitó en la audiencia que se investigue dónde están esas armas para que no se pueda presentar algún hecho donde estén vinculadas y pretendan involucrar a Hernández.

Robo de ganado

Por otra parte, vecinos del hato Chaparralito denunciaron que “desde hace mucho tiempo han sustraído gran cantidad de animales, tanto bufalinos como bovinos, por lo que solicita la suspensión de movilización de animales herrados con la señal de los hierros que pertenecen al hato”.

Narra el juez que el abogado Guillén Rosales denunció que “existe información respecto a la estadía de animales pertenecientes al hato Chaparralito, sobre los predios que conforman la compañía Agroflora y Corporación ganadera Bravos de Apure, por lo que solicita una inspección con la finalidad de constatar la presencia de dichos animales dentro de los predios y que sean devueltos al lugar donde pertenecen”.

Es así como la defensa de Hernández González denunció a Wilmer Arcángel Rodríguez Véliz, presidente de la empresa del Estado Corporación Ganadera Bravos de Apure, “porque ordena la salida de gran cantidad de animales pertenecientes al hato, además de que, mediante interpuestos funcionarios de esa Corporación, se introducen el 21 de julio 2020, antes de que fuera ordena la incautación del Chaparralito, en compañía del director de la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32 Juan García, y realizan un acta de entrega de bienes muebles y animales de distintas razas sin orden previa; ello se evidencia en el acta de entrega IC-22-404-20″.