Bolívar fue la entidad que reportó más protestas (19%) en mayo, seguida de Lara (14%) y Distrito Capital (9%)

Redacción

El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) contabilizó 118 conflictos laborales en el país durante mayo de 2020, totalizando así 234 conflictos en lo que va de cuarentena (un promedio de tres al día entre el 16 de marzo y el 31 de mayo) y 463 en lo que va de año.

Bolívar fue la entidad que reportó más protestas (19%) en mayo, seguida de Lara (14%) y Distrito Capital (9%).

La mayor parte de los conflictos (33,05%) estuvo vinculado a condiciones de trabajo. Seguidamente figuran los conflictos salariales (30,51%) y después los conflictos por falta de despacho de combustible a los trabajadores, con 22,88% de los casos.

Además de la pandemia y la crisis sanitaria que esta acarrea, los trabajadores venezolanos siguen enfrentando bajos salarios, la eliminación de los contratos colectivos y pésimas condiciones laborales.

A partir del 1 de Mayo, Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo (a Bs 400.000 o 2 dólares), de manera unilateral violando el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la fijación del salario por parte de una comisión tripartita.

Los trabajadores, a los cuales se les ha vulnerado sus derechos, están utilizando las redes sociales, como Twitter, para hacer de forma masiva sus reclamos en tiempos de cuarentena, caso de los educadores de Fe y Alegría en demanda de un salario digno.

Cada familia una escuela, medida improvisada del gobierno para concluir el año escolar a distancia por la emergencia sanitaria, no ha podido cumplirse a cabalidad. La falta de Internet y las constantes fallas en el servicio eléctrico llevaron a algunos maestros del estado Anzoátegui a interrumpir la cuarentena para visitar a los alumnos en sus casas, aclarar dudas y entregar evaluaciones, sobre todo en zonas rurales donde los servicios básicos son casi inexistentes.

El cierre intempestivo de operaciones en Venezuela de DirecTV, el 19 de mayo, ante la imposibilidad de cumplir simultáneamente con las exigencias de los gobiernos de EEUU y Venezuela, trajo consigo el despido de 600 trabajadores. La compañía depositó en su cuenta de nómina la liquidación de prestaciones sociales y demás beneficios provenientes de la terminación de la relación de trabajo a cada uno de sus trabajadores, así como un pago adicional.

En mayo, el Observatorio registró la extorsión y secuestro sufrido por los trabajadores de las embotelladoras de agua potable ubicadas en los Altos Mirandinos, estado Miranda, quienes denunciaron que, desde centros penales los amenazan vía telefónica, y les exigen altas sumas de dinero, de al menos 30.000 dólares, a cambio de no ser secuestrados o asesinados.

En el quinto mes del año continuaron las violaciones a la libertad de prensa con amenazas y amedrentamientos contra los profesionales de la comunicación durante la cobertura de las colas para abastecer gasolina y las protestas del sector salud.