Observamos como en la actual coyuntura con la presencia del coronavirus en el país, se toman decisiones antagónicas a los derechos ciudadanos

Nota de prensa

De acuerdo a las consideraciones realizadas por Vicente Brito, presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, las decisiones esperadas y algunas anunciadas no se toman, lo cual contribuye a profundizar la compleja situación que afecta a las familias Venezolanas; como el crecimiento de la inflación, reducción de los ingresos familiares, menor consumo, perdidas de empleos, etc.

Lo observado es que en la actual coyuntura con la presencia del coronavirus en el país, se toman decisiones antagónicas a los derechos ciudadanos como el decreto 6522 publicado en la gaceta oficial con fecha del 23 de marzo del 2020, donde se congela hasta el primero de septiembre del presente año los pagos de alquileres de locales comerciales y vivienda principal Si bien esta medida luce como un alivio a la compleja situación económica que afecta a los arrendatarios, los cuales se han visto obligados a cerrar sus negocios o permanecer en sus casas sin poder ejercer sus actividades cotidianas y disminución en el ingreso familiar. La misma constituye una afectación de los derechos de propiedad y le crea una perdida significativa a los propietarios; no solo por no poder percibir los arrendamientos sino por el efecto causado en el valor de los inmuebles para aquellos que han sido puestos en venta. A los estos haber sido afectados con tales medidas. 

Las medidas aplicadas en los demás países del mundo donde se han visto afectados por el coronavirus, se han aprobados paquetes de auxilio financiero a las empresas y las familias necesitadas, utilizando los recursos públicos para apoyar a los que resultan afectados por esta coyuntura económico social causado por esta pandemia. Lo que hemos observado en Venezuela es otra medida limitativa de los derechos de propiedad pretendiendo apoyar a unos en desmejoras de otros, creando más efectos negativos que beneficios en las actividades económicas con sus consecuencias en el empleo y el necesario crecimiento de la actividad privada como solución a la crisis social en que nos encontramos.

Lo mismo observamos en el suministro de combustible para camiones y maquinarias agrícolas para facilitar la actividad productiva tan necesaria en estos momentos. Paralizando la preparación de tierras para lograr metas de siembra para el venidero ciclo de invierno o el transporte de los productos agrícolas y ganadero. Muy pocos países del mundo tienen estas restricciones de combustible actualmente. Aquí, menos se justifica en donde se cuenta con las mayores reservas de petróleo y posee refinerías con capacidad de procesar más de un millón de barriles por día. No existe repuesta oficial a esta situación que no se justifica ni se entiende, ya que dependemos de la importación de combustible para cubrir las necesidades de consumo.

La Nación espera soluciones que permitan resolver aunque sea parte de las distintas limitantes que nos afectan. Para ello se requieren decisiones que faciliten salidas convenientes al interés nacional; y no que se sigan afectando los derechos ciudadanos especialmente el de propiedad como mecanismos de solución a la conveniencia del estado todopoderoso.