Armando Armas: “Maduro es la sanción que hay que levantar”
Mientras se eleva la cifra de casos de coronavirus, la dictadura aumenta la persecución contra trabajadores de la salud que advierten sobre las precariedades de los centros asistenciales para atender a los contagiados
Nota de Prensa
Caracas (25/3/2020).- El diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), Armando Armas, calificó de inaceptables la posición asumida por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, respecto al levantamiento de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, con el falso argumento de poder tener acceso al financiamiento internacional para enfrentar la pandemia del Covid-19 en Venezuela.
El parlamentario recordó a Bachelet y Borrell los motivos que originaron las sanciones aplicadas contra funcionarios activos y retirados de la dictadura, miembros de la Fuerza Armada y empresas. “Fueron todas a causa de acciones vinculadas con abusos de derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de derecho, represión de la democracia, narcotráfico y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Por ello, Maduro es la sanción que hay que levantar, ya que es el principal responsable de la crisis venezolana”.
Armas reiteró que desde hace muchos años en Venezuela existe una violación sistemática de los derechos humanos, la cual ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional y otras organizaciones, así como una crisis humanitaria compleja que le ha costado la vida a cientos de personas que padecen hambre, carecen de medicinas y una atención adecuada de salud.
“Lamentablemente durante la cuarentena por el coronavirus esta situación se ha profundizado. El pasado sábado, tres hombres que jugaban dominó en el barrio 23 de Enero de Caracas, fueron asesinados por grupos de exterminio enviados por el régimen como parte de su visión de ´normalidad vigilada´, que no es más que incrementar los niveles de terror en la población”, dijo el diputado.
También hizo referencia a la detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas, quien permanece en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, por publicar unos tuits de cifras de la pandemia que supuestamente el régimen intenta ocultar. Así como la citación de la Fiscalía del Litoral Central de la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, para exigirle que revelara la fuente que le informó al medio de comunicación sobre el noveno caso de coronavirus en esa entidad.
El parlamentario señaló que mientras se eleva la cifra de casos de coronavirus, la dictadura aumenta la persecución contra trabajadores de la salud que advierten sobre las precariedades de los centros asistenciales para atender a los contagiados. “La ONG Provea denunció que al dirigente gremial del estado Monagas, Julio Molino, lo imputaron por incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento por denunciar las fallas del hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, de Maturín. Sus compañeros, Carlos Carmona y Maglis Mendoza, son perseguidos por la Guardia Nacional. También el enfermero Rubén Duarte fue detenido el 17 de marzo por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, por hacer pública las carencias de agua, mascarillas, guantes, jabón en el Hospital Central del estado Táchira”.
En relación al ataque permanente contra la Asamblea Nacional, Armas se refirió a la privativa de libertad dictada contra el diputado por el estado Bolívar, Tony Geara, detenido el 14 de marzo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden judicial. “Sería el segundo diputado del Parlamento venezolano preso en menos de una semana y el sexto desde 2017. Como se recordará, el pasado 10 de marzo las Faes se llevaron a Renzo Prieto, quien continua tras las rejas al igual que Juan Requesens y Gilber Caro”.
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN aclaró que las sanciones aplicadas contra el régimen de Maduro exceptúan transacciones relacionadas con actividades humanitarias, comida y medicamentos, entre otros. “Estamos conscientes de que la cooperación y solidaridad internacional son fundamentales para la protección de los venezolanos, y el gobierno legítimo presidido por Juan Guaidó trabaja en favor de ello”.
