ONG mencionó que este hecho se suma a las arbitrariedades que cometen los cuerpos de seguridad de la nación que juraron respetar las normativas que regulan su actuación

 Nota de prensa

 (Comunicaciones 19/11/2020) Tras el video en el que se visualiza a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en una finca en el estado Zulia y las declaraciones del fiscal general, Tarek W. Saab, “urge la disolución de este organismo policial por considerarse un grupo de exterminio”.

Así lo manifestó Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui con extensión en los estados Sucre, Monagas y Nueva Esparta, quien aseguró que la mayoría de los casos corresponde a la clase social más vulnerable del país. 

Magallanes mencionó que este hecho se suma a las arbitrariedades que cometen los cuerpos de seguridad de la nación que juraron respetar las normativas que regulan su actuación.

A su juicio,  existen decenas de casos denunciados ante las autoridades venezolanas por parte de víctimas, familiares, organizaciones nacionales e incluso recomendaciones al Estado venezolano por parte de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachellet. 

Asimismo, aseguró que el Gobierno no respeta algo tan esencial como la Constitución ni los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, como lo establece el Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni el Art. 25 que reza:

 “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. 

El representante de la ONG reiteró que “no estamos apoyando la defensa del Ministerio Público, pero debe respetarse el artículo 285 numeral 5 que es explícito en relación a los procedimientos judiciales, convenios, tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado.