“En Venezuela existen graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la persecución política”

Redacción

Familiares de 73 presos políticos suscribieron una carta que fue consignada ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Caracas, solicitando respuesta sobre la actuación de este organismo en cuanto a la atención y situación de los privados de libertad por razones políticas en Venezuela. 

Los encargados de entregar la misiva se reunieron con representantes del CICR, a quienes les expresaron su profunda preocupación y descontento por la falta de apoyo. 

“Estamos en estado de angustia. Hay decepción de nuestra parte con la delegación del CICR en Venezuela, ante la falta de respuesta concreta sobre la situación particular de los presos políticos, la cual cada día es peor”, expresó Kerling de Sánchez, esposa del Teniente Coronel, Ruperto Sánchez, detenido el 15 de mayo de 2014 por presunta instigación a la rebelión en la denominada “Operación Jericó”, actualmente recluido en la cárcel de La Pica. 

Por su parte, Mónica Jiménez, esposa del Coronel (r) de la Guardia Nacional, José Rommel Acevedo, detenido desde el 2019, recordó que, “dentro del criterio internacional del CICR, los presos políticos ‘son personas detenidas de interés por razones relacionadas a tensiones políticas o sociales’.  Hemos leído con detenimiento los reglamentos del Comité y dentro de los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja, se encuentran la imparcialidad y la neutralidad. Tenemos la percepción de que el CICR tiene una relación muy estrecha con el Gobierno Nacional, lo cual parece conveniente a los efectos de lograr mejoras en el sistema penitenciario. Sin embargo, nos alarma mucho el poco contacto y apoyo hacia las víctimas, familiares y ONG relacionadas con las personas detenidas a consecuencia de tensiones políticas y sociales que, en pocas palabras, son los presos políticos venezolanos”. 

En la misiva, quienes suscriben, exigen al Comité Internacional de la Cruz Roja que informe si se ha tenido acceso a las cárceles, particularmente desde marzo cuando fue decretado el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

Igualmente, se exige que informen si han entrevistado a los reclusos y si han detectado enfermedades en los centros penitenciarios. También se exige que señalen, en caso de que sea afirmativa la respuesta, qué medidas se han tomado para proteger la vida y la salud de los presos.

Al respecto, Kerling de Sánchez indicó que el representante del CICR que los atendió, Nassim Awad, admitió que el Comité hasta ahora, no ha tenido acceso a las cárceles del DGCIM y el Sebin. 

Ambos centros de reclusión han sido  señalados por ONG, víctimas y organismos internacionales de derechos humanos, como espacios para mantener tras las rejas a presos políticos. 

Según la ONG Foro Penal, más de 50 presos políticos se encuentran en situaciones graves de salud, tal como es el caso del primer teniente del Ejército, Luis Alejandro Mogollón, quien padece diversas patologías, entre las cuales presenta lesión cerebral y focal, debido a las graves torturas que ha sufrido. Sigue sin atención médica. 

Al día de hoy, Foro Penal registra 367 presos políticos, lo que refleja un aumento de más del 10% desde que se produjeron los recientes indultos. 

Es importante recordar que, según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, “en Venezuela existen graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la persecución política”. 

Dicho informe también constata la existencia de detenciones arbitrarias con fines políticos y hace referencia a las torturas, tratos crueles e inhumanos a los que han sido objeto los presos políticos en Venezuela.