ONU relató graves violaciones de DD.HH en su informe y el chavismo rechazó la publicación
El documento denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”
Con información de Sumarium
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó hoy un informe sobre la situación de Venezuela en el que instó al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas paras “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.
El informe, que mañana viernes presentará la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas.
El documento denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
Recomendaciones
La publicación expone una serie de recomendaciones al chavismo para corregir todos los males que se han cometido. Estas son :
Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva.
Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia.
Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio.
Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación.
Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra.
Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas.
Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo.
Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias.
Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as.
Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.
También hicieron un llamado para que:
Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis.
Asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos.
Autorice el libre acceso a la información de interés público.
Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas.
Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles.
Dé prioridad a las medidas para disminuir los embarazos precoces y cuide que todos los planes relativos a los derechos sexuales y reproductivos contengan indicadores mensurables y un mecanismo de seguimiento.
Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos.
Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado.
Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Algo que se destaca es que el Consejo de Derechos Humanos podría solicitar al ACNUDH que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos.
Rechazo oficialista
Por su parte, el chavismo, por medio del canciller Jorge Arreaza, rechazó la publicación del informe.
Alegan que el informe que presentó la Cancillería desde Caracas minutos después de recibir las recomendaciones de la oficina de la ONU, comprende un conjunto de 70 observaciones a lo apuntado por el organismo tras su reciente visita al país.
“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente paralizada sobre la verdadera situación de DDHH”, inicia el comunicado, donde aclara que la oficina de la ONU invitó al Estado venezolano a presentar sus comentarios.
Alegaron que la visión “distorsionada” del informe es consecuencia de “debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”, como por ejemplo, según expone, las entrevistas a fuentes “carentes de objetividad”, o la ausencia de información oficial.
La Cancillería también acusó a la Oficina de la Alta Comisionada de que el 82% de las entrevistas se habrían realizado a personas fuera de territorio venezolano.
“El informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos”, según la respuesta que Arreaza publicó en la cuenta Twitterl del Ministerio de Relaciones Exteriores.
