La decisión tiene propósitos en dos direcciones: no aceptar una injerencia, ni intervención; y ahorrar los recursos como petróleo y combustible para atender la crisis en el país

Redacción

“Dado el estado de emergencia nacional y la necesidad de ahorrar combustible hemos solicitado y decretado: no más envío de petróleo a Cuba”, de esta manera el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la medida que forma parte del Decreto de Estado de Alarma que envió a la Asamblea Nacional (AN) para su debate y aprobación.

En la sesión de emergencia realizada este lunes en el Parlamento, Guaidó refirió que tal decisión tiene un elemento fundamental que va en dos direcciones: no aceptar una injerencia, ni intervención; y ahorrar los recursos como petróleo y combustible para atender la crisis en el país, y que se agudizó con el mega apagón que arribó a cuatro días. 

En su intervención, el Presidente (e) Juan Guaidó, además solicitó la cooperación internacional para hacer efectiva la medida, la no entrega del petróleo que el pueblo de Venezuela necesita urgentemente para atender la alerta y emergencia nacional.

“Veremos si los jerarcas de Cuba financian con su dinero  la misión que tienen en Venezuela. Veremos cuánto les dura el amor que dicen tener”.

Nuevamente envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional (FAN), a quienes les pidió ponerse del lado de la Constitución y “no seguir escondiendo al dictador (en referencia a Nicolás Maduro).

“Señores de la FAN ustedes saben la emergencia. No más secuestros entonces de efectivos de inteligencia y contra inteligencia (cubanos)”.

El Presidente (e) de Venezuela, envió a la Asamblea Nacional (AN) el Decreto de estado de alarma para su debate y aprobación, en ejercicio de la facultades que le confieren los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, en concordancia con lo previsto en e l artículo 14 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia Para Restablecer la Vigencia de la Carta Magna, y con lo previsto en los artículos 8 y 15 de la Ley Orgánica Sobre los Estados de Excepción.

Recordó que la crisis eléctrica es generada por el robo de casi 100 mil millones de dólares que estaban destinados al mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional; de igual manera destacó que en el 2009 decretaron la emergencia eléctrica y el 2013 militarizaron las instalaciones eléctricas en todo el país.

“Cuatro días después nos preocupa que el régimen se crea su versión. A esta hora no hay una versión oficial y técnica de cómo solucionar la crisis. En seis u ocho horas cambiaron la versión, pasaron del ataque cybereléctrico a uno electromagnético”.

Destacó el también Presidente de la AN, que se ha comunicado con varios Presidentes del mundo a quienes el régimen les debe millones de dólares, pero a él le han manifestado su disposición de trabajar con un nuevo Gobierno en Venezuela.

Movilizados en la calle

Para este martes a las 3.00 pm, es la nueva convocatoria de calle en la mil 136 parroquias de todo el país, que hizo Guiadó a todo el pueblo venezolano para seguir en la lucha por el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

“Mañana (martes 12 de marzo) todos a la calle de manera pacífica. Organícense y vayan a las avenidas más cercanas para expresar el rechazo absoluto a esta crisis. El éxito que nos ha traído hoy aquí es la movilización y unión de todos los venezolanos; mientras vayamos juntos y con todo, vamos bien”.

Indicó que hay que “preparar las capacidades y dar Pasos firmes para poder lograr el objetivo y poder cesar la usurpación”. Pidió a los venezolanos no dejarse confundir por el régimen quien hará ver que es “responsabilidad compartida la crisis”, también pidió no caer en la desesperanza ni en la división.

Insistió en que en Venezuela “no hay normalidad” tal como quiere hacer ver el “usurpador de Miraflores” y sus cómplices del régimen.

“No puede haber normalidad cuando no podemos comunicarnos con nuestros familiares. No hay normalidad cuando hay quienes acuden recurren al río Guaire a buscar agua para quitarle la sed a sus hijos”.

Las razones

Entre las razones expuestas en la solicitud del Decreto destacan “la grave situación que vive el país como consecuencia del colapso del sistema eléctrico nacional que mantiene sin energía eléctrica a Venezuela desde las 5.00 pm del jueves 7 de marzo hasta la presente fecha (11 de marzo), que el mega apagón no es producto de ninguna circunstancia natural o accidental,, sino consecuencia lógica de la ineptitud y corrupción con la cual se ha manejado la generación y distribución de los recursos técnicos y económicos requeridos para el cabal desenvolvimiento de esa industria eléctrica”.

Refiere también que “como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico para hacer funcionar los equipos necesarios para preservar la vida de pacientes que requieren de dichos equipos, ya se cuentan por decenas las pérdidas de vidas humanas”, que “la actitud del régimen usurpador ha estado dirigida a exponer excusas llenas de mentira y de gran cinismo con el acostumbrado propósito de eludir su responsabilidad y de atribuírsela a otros”.

Considera que “las manifestaciones de mentira y cinismo nunca podrán esconder la responsabilidad del régimen usurpador y sus antecesores inmediatos por el desastroso desempeño de la industria eléctrica en nuestro país, pues de acuerdo con la evidencia de la cual se dispone, lo que en realidad ocurrió fue que la falta de mantenimiento y la ausencia de personal capacitado impidieron controlar los efectos de un incendio forestal ocurrido en las cercanías de la Subestación San Gerónimo que alteró el funcionamiento de los generadores del Guri”.

Asimismo observa que “es necesario que el pueblo venezolano conozca la magnitud de la catástrofe y pueda, en consecuencia discernir debidamente dónde se ubican las responsabilidades por un hecho de tales características, dado que el gobierno usurpador no ha podido, ni puede, ofrecer una versión creíble acerca de lo realmente ocurrido”.

Decreto

En el Decreto número 2 de la Presidencia (e) de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 10 de marzo de 2019,    en primer lugar “se declara el estado de alarma, como modalidad del Estado de Excepción, en todo el territorio nacional, debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico que ha afectado a la gran mayoría de los venezolanos desde el día jueves 07 de marzo de 2019, situación que pone seriamente en peligro la seguridad de la nación y de sus ciudadanos”.

En segundo, lugar establece que “el estado de alarma decretado se extenderá por un periodo de treinta (30) días, pudiendo ser prorrogable por treinta (30) días adicionales”.

Como tercer punto destaca que en ejecución de la declaratoria de estado de alarma “se le ordena a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que disponga las movilizaciones que sean necesarias para que brinde la debida protección tanto a las instalaciones como a los funcionarios de CORPOELEC, a los fines de que puedan cumplir con su labor de rescate del sistema eléctrico nacional”.

También “se ordena a los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana abstenerse de impedir u obstaculizar las legítimas protestas del pueblo venezolano mediante las cuales expresan no sólo su rechazo al deplorable estado en que se encuentra el sistema eléctrico del país sino, sobre todo, su inmensa indignación hacia quienes con su ineptitud y corrupción son los culpables de tal deplorable estado”.

En el Decreto, el Presidente (e) Juan Guaidó, “instruye a todo el personal del servicio exterior del país a que realicen los contactos a que haya lugar a fin de coordinar la cooperación técnica internacional que se pueda brindar a nuestra nación para lograr el mejor asesoramiento en la superación de esta calamitosa situación (…)”.

De igual manera “instruye a todos los funcionarios de los servicios de salud público a que procuren todos los recursos de cooperación que sean posible obtener del sector privado a fin de superar las necesidades que se presentan en la atención de pacientes afectados en sus tratamientos por la calamidad eléctrica que nos aqueja”.

Por otra parte, “se le ordena a las órganos y entes de la Administración Pública Nacional establecer horarios de labores del personal, acordes con la situación de excepcional anormalidad causada por la crisis del sistema eléctrico”; también “se instruye a las autoridades administrativas correspondientes a que se tomen las medidas necesarias para garantizar el máximo ahorro de combustible a fin disponer de las cantidades suficientes para permitir el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico que lo requieran”.

El cuarto y último punto “se ratifican todas las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en ningún aspecto implica la suspensión de alguna de las garantías constitucionales previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Cabe destacar que tal Decreto se le informará al Secretario General de la Naciones Unidas en atención a lo dispuesto en el artículo 4 de dicho tratado.