Diseñadores gráficos venezolanos acuden a la piratería tras anuncio de Adobe
Críticos de la política de Estados Unidos hacia Venezuela apuntaron al anuncio de Adobe como el más reciente ejemplo de cómo la escalada de sanciones del gobierno del presidente Donald Trump afecta a la gente común sin lograr éxito en expulsar a Maduro, al que se acusa de corrupción y violaciones de los derechos humanos
Con información de Reuters
Los productos de Adobe Inc, como InDesign y Photoshop, son utilizados por diseñadores, ilustradores y comercializadores digitales.
La empresa, que tiene su sede en San José, en California, había anunciado el lunes que desactivaba “todas las cuentas en Venezuela” para cumplir con las sanciones, que son parte de la presión de Washington para lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
Una gran cantidad de profesionales creativos venezolanos recurrió a las redes sociales para argumentar que la medida de Adobe tendría un impacto devastador en los diseñadores y vendedores independientes, que ya están luchando con un colapso económico y la hiperinflación.
Gremiana González, una estudiante de diseño gráfico de la Universidad de los Andes, en el estado Mérida, en el oeste del país; escribió en Twitter que ponía “a la orden un patch que crackea cualquier app de la Creative Cloud”, refiriéndose a la colección de programas de Adobe.
“De cierta forma va en contra de mis principios porque no estoy completamente de acuerdo con la piratería, (pero) en estas circunstancias todo se resume a piratear o no comer”, dijo González en un mensaje de texto enviado a Reuters.
Adobe dijo que su software dejará de funcionar en Venezuela el 28 de octubre.
Críticos de la política de Estados Unidos hacia Venezuela apuntaron al anuncio de Adobe como el más reciente ejemplo de cómo la escalada de sanciones del gobierno del presidente Donald Trump afecta a la gente común sin lograr éxito en expulsar a Maduro, al que se acusa de corrupción y violaciones de los derechos humanos.
En enero, Washington impuso sanciones a la petrolera estatal PDVSA, vital para la economía de Venezuela, y ha sancionado a docenas de altos funcionarios del gobierno.
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