Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional , se juramenta como "presidente encargado" de Venezuela
Las autoridades de la AN afirman que sus decisiones se basan en la aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la Asamblea Nacional
Redacción con información de fuentes varias (NTN24, VPI y BBC Mundo)
"Ante Dios todopoderoso, Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres", dijo ante una multitud reunida en el este de Caracas durante una masiva manifestación de la oposición.
La juramentación fue el paso culminante de un proceso iniciado por la oposición tras la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial el pasado 10 de enero.
La AN considera que Maduro usurpa el poder por haber sido electo en unas elecciones que la oposición considera fraudulentas y que no fueron reconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países latinoamericanos.
El anuncio de Guaidó aumenta las tensiones existentes entre los poderes públicos en Venezuela.
Minutos antes de su discurso, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una declaración en la que afirmó que la AN estaba usurpando las competencias del Ejecutivo y exhortó al Ministerio Público a "determinar las responsabilidades" de las autoridades del Parlamento.
La medida del alto tribunal se produjo a raíz de la decisión de la AN de designar un nuevo embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y de anular la decisión del fallecido presidente Hugo Chávez de retirar a Venezuela de ese organismo.
Las autoridades de la AN afirman que sus decisiones se basan en la aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la Asamblea Nacional que establecen que, en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al presidente del Legislativo ocupar de forma temporal el Ejecutivo y convocar nuevas elecciones.
Esta posibilidad es rechazada desde el oficialismo, que basándose en una sentencia del Tribunal Supremo en 2016, considera a la Asamblea Nacional en desacato y, por tanto, sostiene que sus decisiones son nulas.
