ONG denuncia complicidad de Iris Varela para disminuir muertes en cárceles
A las muertes por violencia dentro de los recintos penitenciarios, se le suman los fallecimientos por enfermedades vinculadas al hambre, como la tuberculosis y desnutrición
Con información de Tal Cual
La organización no gubernamental Una Ventana por la Libertad emitió un informe, a propósito de los siete años de creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, donde denuncian un esquema de complicidad por parte de la ministra Iris Varela para disminuir el índice de muertes dentro de las cárceles.
El informe ¿Sistema Penitenciario o Infierno? se especifican las promesas incumplidas, las tragedias y escándalos penitenciarios durante la gestión de Iris Varela, los calabozos policiales como cárceles paralelas, la rentabilidad en prisión, y el pronunciamiento de los organismos internacionales contra el nuevo régimen penitenciario.
Según el documento durante la gestión de la ministra Varela, el número de muertos por violencia disminuyó, aunque según aseveraciones de familiares, reclusos, líderes negativos e, incluso, trabajadores de la propia cartera penitenciaria (consultados bajo la condición del anonimato) presuntamente todo tiene que ver con una negociación.
Esta consiste en disminuir el número de muertos por violencia para bajar el impacto en la opinión pública, y desde el Ministerio se hace caso omiso a las irregularidades que ocurren dentro de las cárceles como el cobro de causas, impuestos por puestos de venta, bancos, narcotráfico, discotecas, juegos de envite y azar, tráfico de armas.
Actualmente en Venezuela existen 41 centros de reclusión. La capacidad instalada, según Una Ventana a la Libertad, es de 19 mil privados de libertad, pero la población actual suma 51.693 personas.
El excedente, según cifras aportadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, es de 32.693 reclusos, lo que corresponde a 161% de hacinamiento.
Del total de internos, solo 35% de ellos tienen pena impuesta. El 63% restante aún se mantiene procesado y 1% ya está en destacamento de trabajo.
A pesar de resistirse a asumir públicamente el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios regulares, en la memoria y cuenta presentada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios en 2015 uno de los planes destacados era la posibilidad de aumentar, durante ese año, en 40% la capacidad instalada en los centros penitenciarios con el fin de “combatir el hacinamiento”, pero eso no ocurrió.
Según el informe esta gestión se ha caracterizado por el cierre de cárceles. Hasta ahora van ocho centros cerrados o desalojados.
Muertes en prisión
A las muertes por violencia dentro de los recintos penitenciarios, se le suman los fallecimientos por enfermedades vinculadas al hambre, como la tuberculosis y desnutrición.
En la investigación realizada por las periodistas Angélica Lugo y María Isoliett Iglesias junto a Una Ventana por la Libertad se detalla que 163 presos han muerto en calabozos en 2018: 34 por tuberculosis, 71 por motines, 15 por enfrentamientos después de fugas, 11 por riñas entre reclusos, 6 por intentos de fuga, 5 por desnutrición, 4 por causas desconocidas y 2 por suicidio”.
Lugo también señaló la muerte de un recluso por haber comido ratas, al tiempo que comentó que tienen reportes de calabozos “donde hay adolescentes tan delgados que pueden escapar a través de los barrotes”.
Además indicó que, en la mayoría de los casos, no hay ningún tipo de ayuda del Estado cuando un preso muere, a pesar de que son los encargados directos de velar por la integridad y respeto a los derechos humanos de los recluidos.
Las rentas de la cárcel
Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, y Vista Hermosa son cárceles emblemáticas que aún se mantienen como territorio independiente, y allí prevalecen “ciertos privilegios para los privados de libertad que cumplen, en esos centros, su tiempo en prisión”.
De acuerdo a conversaciones que mantuvo el equipo de investigación con familiares y reclusos, se pudo conocer que el control gubernamental no ha llegado a esos lugares.
Los líderes o “pranes” manejan sus negocios sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, y han logrado levantar una suerte de estructura recreativa.
En esas cárceles se sigue manteniendo la pernocta de familiares, siempre que se pague una renta especial por el beneficio. Establecer el precio exacto de algunos de los negocios fue imposible para el equipo de investigación de Una Ventana a La Libertad, pues algunos tienen que ver con un porcentaje de lo que el establecimiento intramuros produzca a la semana, como en el caso de los restaurantes.
El precio que sí está establecido en esas cárceles es el de “causa”, que es una renta que deben pagar los reclusos al pran para poder permanecer con vida dentro del recinto carcelario.
El incumplimiento del pago, luego de tres semanas de mora, podría ser la muerte según detallan los familiares a la ONG.
El monto base que debía pagar todo recluso (hasta el cierre de este informe) solo por estadía era de cinco millones de bolívares fuertes (50 bolívares soberanos). Por poderse comunicar, deben pagar tres millones de bolívares fuertes cada semana.
