Presidente del TSJ legítimo renunció a nacionalidad española antes de aceptar cargo
El juicio emprendido contra Nicolás Maduro seguirá adelante sin interrupciones, aseguró el magistrado Antonio Marval
Con información de El Nuevo Herald
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en el exilio, Miguel Ángel Martín, renunció a la nacionalidad española un mes antes de ser nombrado en el cargo en julio del 2017, cumpliendo de esa manera con la norma constitucional que exige al postulante contar con solo la nacionalidad venezolana para optar al cargo.
Acusaciones de que Martín posee aún la nacionalidad española han estado siendo utilizadas para cuestionar la labor del TSJ y en particular el juicio que el tribunal y la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, llevan sobre los sobornos pagados por la firma Odebrecht a políticos venezolanos.
El riesgo de interrumpir las investigaciones de corrupción en torno a Odebrecht, en la que el gobernante Nicolás Maduro está implicado, aumentó la semana pasada luego que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, accediera a la solicitud de aclaración presentada por el abogado venezolano Amador José Valles Méndez, quien acusa a Martín de seguir siendo ciudadano español.
“Teniendo el magistrado Martín doble nacionalidad venezolano - español, las actuaciones del TSJ en el exilio ‘carecen de legalidad’ al observar que el presidente de esa instancia judicial, que fue juramentada por el parlamento el año pasado, ‘no cumple con los requisitos para el cargo al que fue designado’”, señaló Valles en su carta publicada por el diario El Universal de Caracas.
Pero Martín renunció a la nacionalidad española antes de que fuese nombrado, muestran los documentos que el propio magistrado entregó el año pasado a la comisión designada por la Asamblea Nacional para que seleccionara a los integrantes del máximo tribunal.
“Por medio de la presente manifiesto mi voluntad de renunciar a la nacionalidad española”, declaró Martín en una carta presentada ante el Consulado General de España en Miami, el 14 de junio del 2017.
En otro documento obtenido por el Nuevo Herald, Martín explicó a las autoridades españolas que él antes había solicitado la nacionalidad española en el 2009 para resguardar a su familia tras verse convertido en blanco del régimen bolivariano de Caracas por sus actuaciones “en pro de la justicia y la democracia, en tiempos que ejercía funciones como juez Superior del estado Carabobo”.
El proceso de persecución al que había sido objeto, “prendieron las alertas para realizar acciones dirigidas a proteger a mi esposa y a mis cuatro hijos”, señaló el magistrado en el documento.
Luego declaró que había iniciado el proceso de solicitar la renuncia a la ciudadanía española para poder cumplir con los requisitos establecidos para los magistrados en Venezuela.
El TSJ ha estado bajo constantes ataques por parte de dirigentes cercanos al régimen desde que inició el proceso de investigar la gigantesca corrupción vinculada a Maduro.
Seguirá juicio
Pero el juicio emprendido contra Maduro seguirá adelante sin interrupciones, comentó desde Miami Antonio Marval, uno de los magistrados que al igual que Martín se vieron obligados a salir del país bajo amenaza de culminar en unas de las cárceles de Maduro.
“Esto es algo que ya es indetenible. Está fijado y ningún tipo de presión externa va a paralizar la realización de este juicio”, comentó Marval.
En cuanto al papel que Martín desempeña dentro del TSJ, Marval dijo que no existen cuestionamientos internos.
“Los magistrados, antes de ser designados, pasamos por un proceso de selección, donde consignamos todos nuestros currículos y todo documento necesario para llenar los requisitos establecidos en la Constitución y todos, bajo fe de juramento, manifestamos que no poseíamos la doble nacionalidad y que no pertenecíamos a la militancia de un partido político”, señaló.
La magistrada Cioly Zambrano también declaró que no existen dudas entre los magistrados sobre las calificaciones de Martín.
“Él es una persona que tiene todos los méritos, no solamente para ser magistrados, sino para ser el presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, manifestó.
Según los cargos presentados contra Maduro en el juicio que se realiza desde el exterior, el gobernante habría recibido millones de dólares en sobornos para favorecer a la firma brasileña Odebrecht con enormes contratos valorados en varios miles de millones de dólares por obras que no se construyeron.
En un solo caso presentado, Maduro habría solicitado a la constructora el pago de $50 millones, pero Odebrecht solamente le pagó $35 millones.
El proceso contra Maduro fue iniciado por Ortega, quien fue una cercana colaboradora del fallecido presidente Hugo Chávez pero que luego cayó en desgracia con el régimen al iniciar una serie de investigaciones sobre la galopante corrupción por parte de altos miembros del chavismo.
Maduro posteriormente ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente —entidad no reconocida por la comunidad internacional— a que destituyera a Ortega, aunque esa facultad solo pertenece a la Asamblea Nacional.
El régimen de Maduro también desconoce la autoridad del TSJ que ahora está en el exilio.
