Odebrecht acuerda pagar unos USD 700 millones al Estado brasileño por sobornos
El llamado acuerdo de "leniencia" implica que la empresa reconoce y repara el daño causado por sus prácticas de corrupción
Con información de Panorama
La constructora Odebrecht pactó pagar 2.700 millones de reales (697 millones de dólares al cambio actual) a las arcas públicas brasileñas por el intricando sistema de sobornos desvelado por la justicia, en un acuerdo firmado este lunes con la Abogacía General de la Unión (AGU). Ese monto, que podrá pagarse en 22 años, corresponde a sobornos pagados por la firma a cerca de 150 agentes públicos, a los beneficios obtenidos en contratos de forma corrupta y a multas, detalló la AGU en una rueda de prensa en Brasilia.
Grace Mendonça, ministra de esta institución que representa al Estado, dijo que Odebrecht ya pagó la primera parte esta semana. "Hoy tenemos la madurez para firmar este acuerdo de 'leniencia' (lenidad o clemencia) como política de Estado importantísima de combate a la corrupción", dijo Mendonça.
El llamado acuerdo de "leniencia" implica que la empresa reconoce y repara el daño causado por sus prácticas de corrupción y, a cambio, es autorizada a firmar nuevos contratos con la administración pública y a recibir créditos en instituciones financieras públicas.
La constructora ya se había comprometido a pagar 2.600 millones de dólares en multas a Estados Unidos, Suiza y Brasil por su intricado sistema de sobornos.
Odebrecht quedó en el centro del escándalo de corrupción que estalló en Brasil con la investigación "Lava Jato" y salpicó a varios países de la región, donde está acusada de pagar sobornos a cambio de ganar licitaciones para obras públicas.
En uno de sus acuerdos de colaboración con la justicia brasileña, Odebrecht confesó haber pagado más de 3.000 millones de dólares en sobornos en América Latina y África para adjudicarse proyectos o financiar campañas políticas.
El escándalo de Odebrecht ha sacudido los círculos del poder y la política en América Latina, llevando a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.