En la presentación de su informe sobre derechos humanos, la ONG indicó que el año pasado se pusieron en evidencia los rasgos dictatoriales del gobierno

Con información de El Nacional

La represión y la indolencia del gobierno ante la crisis humanitaria marcaron 2017, señala Provea. En el informe anual “De la rebelión popular al fraude electoral”, correspondiente a ese año, advierte que esos aspectos mantienen asfixiados los derechos humanos en Venezuela, especialmente el de la vida, que de acuerdo con la ONG ha sido el más violado.

Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de la ONG, señaló que el año pasado se registraron los peores indicadores en materia de derechos humanos en el país. Añadió que existe un grave deterioro de los derechos elementales de los ciudadanos, derivado de las acciones y la inactividad del gobierno.

En la presentación de la edición número 29 de su informe sobre derechos humanos, indicó que el año pasado se pusieron en evidencia los rasgos dictatoriales del gobierno, esto con la represión y la criminalización de las protestas pacíficas, así como con la acentuación del control social.

Susana Raffalli, miembro del equipo de investigación de Provea, manifestó que la prioridad del gobierno el año pasado fue la politización de los alimentos, condicionando el acceso a ellos a través del carnet de la patria. Precisó que en 2017 hubo una profundización de la desnutrición severa, que cobró vidas. Precisó que la capacidad de abastecimiento cayó a 30%.

La organización registró 9.662 denuncias de violaciones del derecho a la salud, que representa 98% de aumento con respecto al registro de 2016.

Rafael Uzcátegui, director de Provea, destacó que el informe se hizo por primera vez solo con datos obtenidos en la investigación de los activistas de la ONG, sin información oficial alguna, pues excepto el Ministerio de Ecosocialismo, ningún otro organismo público dio a conocer su memoria y cuenta.

Cifras en rojo

El sociólogo Nelson Freitez, miembro de la Asamblea de Provea, afirmó que el gobierno se ha encargado de vulnerar el derecho a la protesta. En la presentación de la investigación relacionada con las protestas, aseguró que recrudecieron las violaciones de las garantías de los ciudadanos.

El año pasado la ONG registró 7.357 casos de violaciones de los derechos humanos, que incluyen torturas, tratos crueles, allanamientos ilegales, heridos y lesionados, amenazas y hostigamiento contra los ciudadanos. La cifra revela un aumento de 411% en el número de violaciones, en comparación con 2016, cuando se documentaron 1.790.

Alvarado precisó que hubo 1.200 manifestaciones en 16 ciudades del país,  139 víctimas fatales de la represión y más de 5.000 personas sometidas a juicios, entre ellas 700 procesados en tribunales militares, lo cual consideró violación del derecho al debido proceso y al juez natural.

Freitez señaló: “Estamos en presencia de una metástasis del Estado de Derecho, que se ha visto vulnerado en los últimos años por el gobierno nacional”.