El parlamentario Juan Miguel Matheus indicó que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el estallido final de la corrupción en nuestro sistema de justicia

Redacción

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un Acuerdo sobre la crisis penitenciaria, en el que se solicita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las instituciones penitenciarias del país.

El debate de este martes inició  con el testimonio de los familiares de las 68 personas muertas en el motín registrado el pasado miércoles en la comandancia de la Policía de Carabobo (PoliCarabobo), quienes alegaron falsamente que los mismos presos se quemaron.

En este sentido, exigieron a la plenaria que se inicie una investigación de los actos de esa Comandancia. “Queremos que nos den respuesta y que se haga justicia (…) Fueron enterrados en fosas comunes, no se hizo autopsia. Queremos que nuestra voz y las de los sobrevivientes se escuchen, el sistema penitenciario es terrible, no puede existir más impunidad. Que el mundo lo sepa”, expresaron.

Seguidamente el diputado por el estado Carabobo, Juan Miguel Matheus, aseguró que, aunque la ministra de Asuntos Penitenciario, Iris Varela, intente negarlo, “tiene completa responsabilidad en convertir comandancia policiales en recintos penitenciarios, permitiendo el crimen organizado. Incluso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha hecho advertencias que no se han acatado”.

El parlamentario  solicitó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de dicho suceso: “Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el estadio final de la corrupción en nuestro sistema de justicia”.

Por su parte el diputado Richard Blanco recordó “La ley establece que un detenido sólo puede estar 48 horas en una comandancia policial para luego ser trasladado a un centro penitenciario e Iris Varela pretende evadir su responsabilidad (…) Comisión de Régimen Penitenciario advirtió condición de hacinamiento en Carabobo y Táchira, se presentaron proyectos para mejorar el sistema, pero este Gobierno al que no le gusta que le digan que lo hace mal, hizo caso omiso”.

La diputada Delsa Solórzano, en su derecho de palabra, destacó que  “los calabozos policiales son centros de detención, no de reclusión. En 48 horas debe decidirse su destino y no permanecer inconstitucionalmente en las policías. Tanto usted (Iris Varela), como Reverol y los jueces son los principales responsables”.

“La primera función de la pena es dar el ejemplo y la segunda es la reinserción social. Ninguna de ella se está cumpliendo y los funcionarios policiales en vez de vigilar la seguridad ciudadana y evitar el delito, deben vigilar a los presos (…) Funcionarios que, en vez de vigilar la seguridad, se dedicaron a incendiar una comandancia, y luego a reprimir brutalmente a los familiares que solicitaban información. ¿Esa es la función ahora de los organismos de seguridad? Exigimos respuesta”, denunció.

Finalmente fue aprobado un Acuerdo sobre la crisis penitenciaria, en el que se solicita la visita de la Comisión Interamericana de DDHH a las instituciones penitenciarias del país; y se plantea un marco normativo amplio para la reforma integral del sistema penitenciario.