La Fiscalía Anticorrupción de España apunta a Javier Alvarado por su gestión al frente de la empresa pública Electricidad de Caracas en 2009

Con información de EFE

El exviceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado, ha sido citado a declarar ante la Justicia española el próximo 16 de abril por haber recibido, supuestamente, sobornos del grupo empresarial español Duro Felguera a cambio de contratos.

La Fiscalía española Anticorrupción apunta a Alvarado por su gestión al frente de la empresa pública Electricidad de Caracas en 2009, cuando Duro Felguera se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros.

Alvarado fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional española, tras haber sido rechazada su solicitud de hacerlo por videoconferencia o comisión rogatoria, y después de que el pasado 26 de febrero se tuviera que posponer su comparecencia al alegar problemas de salud que le impedían desplazarse a España sin sufrir “un grave riesgo vital”.

Ahora el juez remite al informe forense aportado a la causa el pasado 21 de marzo, que considera a Alvarado “un paciente médicamente estable” y descarta “contraindicaciones formales para volar”, según consta en el auto al que tuvo acceso Efe.

Por ello, le emplaza para el lunes 16 y apercibe que, de no personarse en el juzgado o justificar causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia “podrá convertirse en orden de detención”.

Alvarado cerrará la ronda de declaraciones de los investigados, entre los que figuran los dos últimos presidentes de la compañía española, Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Del Valle, que defendieron la legalidad de los acuerdos, y negaron haber entregado 105 millones de dólares (89 millones de euros) al exvicepresidente de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, actualmente en prisión provisional.

Unos hechos que fueron refutados por el propio Villalobos ante el magistrado, al que relató que su relación con Duro Felguera, iniciada en 2011, se limitó a aspectos “básicamente informativos” sobre ingeniería y posibles cambios legislativos que pudieran afectar a la empresa.

Respecto a su retribución, sostuvo que aunque cobraba una elevada comisión del 5,5 %, la heredó del contrato inicialmente suscrito entre Duro Felguera y la multinacional española Técnicas Reunidas (Terca), entonces presidida por Luis Barrios, también investigado.

El pasado septiembre, la Fiscalía española denunció a todos ellos ante el juez por presunto cohecho internacional y blanqueo a raíz de una investigación de 2015, posterior al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La querella advertía de tres acuerdos, el primero firmado en diciembre de 2008 con Barrios al mando de Terca y paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de asesoramiento y asistencia técnica prestados a Duro Felguera para la construcción de la central termoeléctrica.

Ya en 2011 Terca, “debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados”, cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son copropietarios Villalobos y su esposa.

El relato también incluye a la exabogada del Ministerio de Energía de Venezuela, Julia Van den Brule, señalada por haber recibido presuntamente un pago de 70.000 euros en 2009, quien en su comparecencia aseguró que no estaba al tanto de nada y que no tenía capacidad de decisión alguna.