La ONG señala que en el país continúa observándose la conducta “sistemáticamente abusiva” de los cuerpos de seguridad del Estado

Con información de El Nacional

Así como las protestas no cesan, tampoco lo hacen las autoridades con las detenciones arbitrarias, que en 2018 superan el número de días transcurridos del año. De acuerdo con la base de datos del Foro Penal Venezolano, desde el 1 de enero hasta el 9 de abril ocurrieron 165 aprehensiones por razones políticas, que incluyen a 17 menores de edad y 37 mujeres.

Gonzalo Himiob, director Ejecutivo de la ONG, indicó que han sido arrestos selectivos contra ciudadanos, militares, personas vinculadas a las Fuerzas Armadas y a supuestos planes desestabilizadores, entre ellos el caso del inspector del Cicpc Oscar Pérez, a quien culparon de planificar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro y fue asesinado durante un procedimiento policial en el Junquito el 15 de enero.

“Se les han violado sus derechos elementales a todos”, expresó. Indicó que el patrón de detención ha sido el mismo de 2014. Desde ese año hasta el 9 de abril de 2018, 12.186 personas han sido arrestadas por razones políticas. En el mismo lapso el Foro Penal ha registrado 1.348 presos políticos, de los cuales 227 se mantienen privados de libertad, incluidas 18 mujeres, informó Himiob durante el foro Venezuela una crisis que impacta al mundo, celebrado ayer en Perú, en vísperas de la Cumbre de las Américas.

En su más reciente informe sobre la represión en Venezuela, la ONG señala que en el país continúa observándose la conducta “sistemáticamente abusiva” de los cuerpos de seguridad del Estado y de los órganos de administración de justicia, pues consideran que estos actúan siguiendo directrices superiores, no ajustados a derecho y tienen en sus manos la libertad e incluso la vida de los ciudadanos perseguidos por motivos políticos, debido a que estos se encuentran presos en condiciones infrahumanas, algunos en cárceles comunes y expuestos a contraer enfermedades.

“La situación de algunos presos políticos es delicada pues hay quienes conviven con presos comunes, lo cual es muy grave porque son inocentes en prisión con reclusos comunes”, manifestó Dimas Rivas, coordinador del Foro Penal Aragua.

Recordó el episodio de terror que vivieron los familiares de 2 de los 4 imputados del caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay, quienes se encuentran privados de libertad en la cárcel 26 de Julio, en la cual 7 de los 15 presos políticos recluidos allí fueron tomados como rehenes y amenazados con una granada en el cuello por presos comunes durante un motín en febrero.

Rivas denunció que con ese tipo de acciones se les viola el derecho a la vida, así como  los tratados y pactos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, además de la presunción de inocencia debido a que  son juzgados en prisión.

“Aquí no se respetan los derechos fundamentales no solo de los presos políticos, sino también de todos los venezolanos; la calidad de vida de los venezolanos es una muestra de que no hay garantía de vida aquí en Venezuela”, manifestó Araly Núñez, hermana de Gregory Sanabria, estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que tiene tres años y seis meses en prisión y se encuentra en El Helicoide.

Núñez exigió atención médica urgente para su hermano, que sufre de gastritis crónica, hernia inguinal y ataques depresivos, pero el tribunal y el Sebin se niegan a permitirle tratamiento médico. También le prohibieron desde febrero la visita familiar y de sus abogados en  “castigo” por defender a un grupo de presos políticos menores de edad que eran golpeados.

Denunció que el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas, que conoce del caso, está en receso desde el 15 de febrero de 2016. “Es increíble y duro ver cómo juegan con la vida de los presos políticos, que usan como fichas y hacen con ellos lo que el gobierno desee”, expresó.

LA CIFRA

12.186 personas han sido detenidas por razones políticas entre enero de 2014 y abril de 2018 denunció el Foro Penal en un debate en Perú sobre la crisis