Rusia podría usar Venezuela para evadir sanciones, como hizo Irán
Gracias al Petro, los rusos podrían realizar operaciones financieras que ahora tiene restringidas por la aplicación de ciertas sanciones internacionales
Con información de ABC
Venezuela podría ayudar a evadir sanciones a Rusia, como en su día hizo con Irán. El mismo día de la semana pasada en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaba la detención de un empresario iraní por haber movido fondos a través de Venezuela durante la era Chávez, saltándose las sanciones internacionales que existían años atrás contra Irán, la revista Time publicaba una información sobre el interés de Moscú en la puesta en marcha por el régimen de Nicolás Maduro de la criptomoneda Petro.
Y es que podría ayudar a Rusia a realizar operaciones financieras que ahora tiene restringidas por la aplicación de ciertas sanciones internacionales.
Time desveló la semana pasada que empresarios rusos han actuado de asesores de Maduro en el lanzamiento de Petro, moneda ideada por el régimen venezolano para buscar financiación ante las sanciones impuestas el año pasado por Washington a la adquisición de títulos de deuda de Venezuela o de su petrolera, PDVSA. La Administración Trump ha trasladado esa prohibición dirigida a ciudadanos estadounidenses también a las transacciones con Petro.
Fuentes rusas consultadas por la revista comentaron el interés de Vladimir Putin de utilizar la proliferación de criptomonedas en el mundo, y en concreto el Petro, para minar la hegemonía del dólar en las transacciones internacionales, y esquivar las sanciones que restringen los movimientos financieros de algunas compañías y bancos rusos con estrecha relación con el Kremlin, adoptadas por EE.UU., la UE y otros países a raíz de la ocupación de Crimea y la agresión de Ucrania.
Rusia ha incrementado en los últimos años su asistencia financiera a Venezuela, sobre todo mediante acuerdos petroleros que son doblemente ventajosos para Moscú: contribuyen a un mejor posicionamiento internacional de la industria energética rusa, y aumentan la dependencia de Venezuela hacia el país euroasiático.
Esa mayor relación faculta el movimiento financiero y abre la puerta a utilizar la trastienda chavista para operaciones opacas de transferencias de fondos que soslayen las limitaciones impuestas a Rusia por parte de la comunidad internacional.
Eso último es lo que ocurrió con Irán, que hasta el acuerdo de 2015 estuvo especialmente presionado internacionalmente, con resoluciones de Naciones Unidas para evitar que desarrollara capacidad atómica.
La estrecha camaradería entre los presidentes Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad contribuyó a tejer una red de empresas, muchas de ellas ficticias o de doble uso, con el fin de sortear las dificultades que tenía Teherán para operar en dólares y obtener divisas. En las páginas de ABC se informó de muchas de esas operaciones iraníes, documentadas luego en el capítulo «Chávez-Irán, amor a primera vista», del libro «Bumerán Chávez».
Uno de los casos documentados fue el uso de empresas iraníes de construcción, contratadas por Venezuela para la promoción de miles de viviendas, para repatriar fondos a Irán contraviniendo las sanciones internacionales.
La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos actuó contra uno de los empresarios iraníes implicados en esas operaciones. Ali Sadr Hashemi Nejad fue detenido en Virginia por haber movido 115 millones de dólares desde Venezuela a través de EE.UU. La familia de Sadr controla la empresa iraní Stratus Group, que tuvo un contrato de 476 millones de dólares para la construcción de 7.000 viviendas en Venezuela.
La investigación, comenzada en 2013 por la Fiscalía de Distrito de Manhattan, había quedado "dormida" después. Fuentes familiares con el caso, sugieren que este quedó aparcado por el deseo de la Administración Obama de no perjudicar las negociaciones que se estaban manteniendo con Teherán y que buscaban el compromiso iraní de no desarrollar ninguna potencialidad nuclear.
El hecho de que el caso se haya reactivado ahora, asumido por la Fiscalía federal del Sur de Nueva York, puede indicar una predisposición de la Administración Trump de denunciar próximamente el acuerdo nuclear alcanzado con Irán.
