César Miguel Rondón precisó que en el área metropolitana de Caracas casi todos los programas relativos a esta materia tienen que ver con iniciativas de la sociedad civil privada

Con información de Unión Radio

El psicólogo, Abel Saravia, miembro del consejo directivo del Centro Comunitario de Aprendizaje -Cecodap- advirtió que la situación de la infancia es Venezuela es “muy grave porque el Estado ha abandonado su tarea de protección a niños y adolescentes”.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, precisó que en el área metropolitana de Caracas casi todos los programas relativos a esta materia tienen que ver con iniciativas de la sociedad civil privada. El Estado a través del sistema de protección que centralizó en 2007 no ha logrado ofrecer una respuesta”.

“Se habla de que en Baruta se tienen 500 niños en situación de calle, 44 en Chacao y 147 en El Hatilllo, esto a riesgo de quedarnos cortos a lo que puede ser la situación de la niñez. Vemos que los programas disponibles para niños y adolescentes quedan en manos de la sociedad civil que no reciben financiamientos por parte del Estado”, subrayó.

Niños de la calle

Saravia puntualizó que si es difícil en momentos de crisis para una familia bien constituida proteger a sus hijos y brindarles una buena alimentación “imagínense poder coordinar un espacio donde debemos darles alimentación, seguridad, salud y educación a un número de 50 niños o más, es un gran reto sobre todo cuando no se cuenta con recursos”.

“Si este es el panorama de la ciudad de Caracas, lo que hemos percibido es que en el interior del país la situación es aún más dramática”, advirtió.

Para concluir, Saravia agregó que el fenómeno de la migración ha agudizado aun más la problemática debido a que “los programas no tienen el personal suficiente y eso tiene que ver con que los profesionales se están yendo del país. Los personas que hay hoy se mantienen con la vocación de las personas que están pero no es suficiente”.

Cecodap ofreció este martes un informe en el que asegura que la capacidad de protección a los niños y adolescentes se ha visto disminuida, ante la situación socioeconómica que atraviesa el país.