Los trabajadores pidieron al presidente Maduro reflexionar y rectificar el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que, consideran, “acelera la destrucción del estado social de la familia de los trabajadores venezolanos, porque viola derechos laborales conquistados en los contratos colectivos

Con información del Correo del Caroní

Trabajadores de las empresas básicas de Guayana, dirigentes sindicales activos y exdirectivos de organizaciones sindicales entregaron una carta en la Presidencia de la República, dirigida al mandatario Nicolás Maduro, en la que rechazan las violaciones contra los derechos laborales y constitucionales de la clase obrera y piden el cese de la política represiva y del encarcelamiento de trabajadores y dirigentes sindicales, así como la inmediata liberación de los 11 ferromineros detenidos.

El grupo forma parte de los trabajadores que se han movilizado en los últimos meses y que la semana pasada hizo votos por la recomposición del movimiento sindical, con la presencia de líderes activos así como otros que se han sumado a las luchas más recientes como Ramón Machuca, expresidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss).

En la misiva, demandan la urgente atención de Maduro como máxima autoridad pública de la nación, como trabajador, exdirigente sindical y en correspondencia con la autocalificación de presidente obrero y humilde de Venezuela.

Tras un balance de represión laboral en las últimas décadas, en el que incluyen el despido injusto de 514 trabajadores siderúrgicos en 1971; el despido de más de 20 mil trabajadores de Pdvsa en 2002; la represión brutal contra los trabajadores de Sidor en 2008, entre otras, señalan que creían que esta etapa estaba superada, “pero lamentablemente el saldo hoy nos indica que los trabajadores y un sector de su dirigencia legítimamente electa por la base es víctima permanente de la más feroz y arbitraria persecución y represión patronal”.

Resaltan que siempre han luchado contra estas prácticas, pero apuntan que en la actualidad la sienten “afianzada, como una práctica para intimidar y desconocer derechos fundamentales de los trabajadores, así como el libre ejercicio sindical”.

En el comunicado enumeran los más recientes ejemplos de intimidación y desconocimiento:

1. Suspensión e intervención de procesos electorales sindicales por órganos del Estado.

2. Instauración desde el Ministerio del Trabajo del paralelismo sindical.

3. Despidos arbitrarios de dirigentes sindicales y trabajadores a nivel nacional por discriminación política y sindical. En este punto, mencionan el caso del trabajador de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, quien este año cumplió siete años detenidos en un largo e irregular proceso judicial, en el que no se ha podido probar su presunta participación en el homicidio de otro trabajador de la estatal del hierro. También incorporaron el caso de la trabajadora del metro de Caracas, Deillili Rodríguez, despedida por protestar contra las políticas laborales del gobierno.

Destacan que la lucha de los trabajadores sigue siendo reprimida y criminalizada y los empleados encarcelados, torturados y llevados a cárceles “reconocidas internacionalmente para reos de alta peligrosidad” por decisión de tribunales. En este reclamo, se refieren específicamente al arresto de nueve trabajadores de Ferrominera Orinoco que, de acuerdo con la orden judicial, debían ser recluidos en la cárcel de El Dorado, al sur del estado Bolívar; a los que se suma el secretario de Trabajo y Reclamo de Sintraferrominera, Abdul Hurtado; y el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, encarcelado por segunda vez, esta vez, en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas.

“Le fijan como sitio de reclusión la cárcel de La Pica para someterlo a un arbitrario juicio en tribunales militares, violentando todos sus derechos humanos y civiles, forjando expedientes, evidenciándose de esta manera un ensañamiento contra este representante de los trabajadores”, apuntan.

Los trabajadores pidieron al presidente Maduro reflexionar y rectificar el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que, consideran, “acelera la destrucción del estado social de la familia de los trabajadores venezolanos, porque viola derechos laborales conquistados en los contratos colectivos y los establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Trabajo y convenios internacionales del trabajo suscritos por el Estado venezolano”.

“Ante tanta humillación, los derechos fundamentales de los trabajadores se defienden, y por dignidad y principios, le comunicamos a usted nuestro firme rechazo a todas estas arbitrariedades contra la clase trabajadora, por esto le solicitamos el cese de esta política represiva y de encarcelamiento contra la dirigencia sindical y sus trabajadores, y la liberación inmediata y plena de nuestros hermanos de clase”, reclaman.