La Unesco y El Comité de Patrimonio Mundial le exigen al Gobierno rendir cuentas sobre el Arco Minero
El coordinador regional de Primero Justicia en Yaracuy, denuncia que El Comité de Patrimonio Mundial y la Unesco en reiteradas ocasiones ha declarado que la zona es incompatible con la minería, y reclama un uso sustentable de los bosques
Evely Orta
El Presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional y diputado por el estado Yaracuy, Luis Eduardo Parra, presentó El Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva de Agua Dulce Biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del Sur del Orinoco, y la Amazonía Venezolana que tiene como propósito, desarrollar una política transgeneracional e instrumentos necesarios para garantizar la perpetuidad y la integridad ambiental en base a los recursos del país para el disfrute de la presente y las futuras generaciones.
“Los recursos ambientales del país vienen siendo amenazados por actividades extractivistas como la minería en todas sus formas, particularmente en las Áreas Naturales Protegidas y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial del Sur del Orinoco, ubicado en los Estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, donde se encuentran aproximadamente el 80% del agua dulce del país y más de 10.000 especies vegetales de las 14.000 existentes”. Expresó el Diputado Luis Parra.
El coordinador regional del estado Yaracuy por Primero Justicia denuncia que El Comité de Patrimonio Mundial y la Unesco en reiteradas ocasiones ha declarado que la zona es incompatible con la minería, y reclama un uso sustentable de los bosques exigiendo al Gobierno venezolano rendir cuentas sobre la situación. “El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Los recursos hídricos son entendidos como un componente integral de los ecosistemas, un recurso natural, pero también un bien social y económico. Sin seguridad hídrica tampoco puede haber seguridad energética ni seguridad alimentaria”.
Parra hizo énfasis en que la constitución venezolana establece que el dominio de todas las aguas dentro del territorio venezolano son del dominio público. “El artículo 304 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que todas las aguas son del dominio público de la nación, insustituibles para la vida y el desarrollo, por lo que el Estado está obligado a garantizar la protección, aprovechamiento y recuperación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, a fin de satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los procesos productivos del país”.
En los últimos años, el país ha profundizado la crisis del agua hasta en un 75% en la población venezolana, entre una de las mayores causas se encuentran las amenazas al avance económico, la erradicación de la pobreza, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.
