El director del FPV, Alfredo Romero denunció que una vez más se viola la constitución porque la mayoría de los detenidos por el caso de El Junquito son civiles

Redacción

Desde el primero de enero de este año hasta la fecha se han registrado 52 nuevas detenciones por razones políticas, informó este jueves el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, al señalar que la actualización de la lista de detenidos ya fue certificada por la Organización de Estados Americanos, OEA.

Detalló que de las 52 personas privadas de su libertad, 22 están presuntamente vinculadas con el caso del exinspector del Cicpc Oscar Pérez y su equipo, a todos se les imputo los delitos de traición a la patria, y en algunos casos ataque al centinela.

En la rueda de prensa, Alfredo Romero denunció que una vez más se viola la constitución porque la mayoría de los detenidos por el caso de El Junquito son civiles y fueron presentados en tribunales militares.

Así mismo indicó que de los 52 detenidos 34 permanecen privados de su libertad.

El país necesita que se esclarezca lo ocurrido en El Junquito

Al referirse al caso del exinspector del Cicpc, quien falleció junto con sus colaboradores el pasado 15 de enero, en manos de la fuerza pública y militar, Alfredo Romero indicó que los defensores de los Derechos Humanos y los venezolanos no pueden permitir que se silencie las investigaciones.

En virtud a la autopsia que revela que todas las personas fallecidas en el mencionado hecho presentaron heridas de bala en la cabeza, más los videos y audios enviados por los hoy occisos deja en entredicho la actuación de los cuerpos de seguridad involucrados así como de los militares.

Por su parte Gonzalo Himiob también directivo del FPV destacó que existen unas series de indicios sobre el uso excesivo de la fuerza armada e incluso la muerte de los supuestos rebeldes aun cuando ya habían manifestado su rendición, dijo al destacar que entre las víctimas se encuentra una mujer, quien estaría desarmada.

Por el bien del país que está suscrito a todos los protocolos y declaraciones de los derechos humanos, es pertinente que se lleve a cabo una investigación independiente cuyo informe forense que al final del camino determinará lo que ocurrió ese fatídico 15 de enero.