El titular del MP dijo que Juan Miguel y Andrés Lozano resultaron detenidos, tras determinarse que son responsables de solicitar divisas, para adquirir químicos con un sobreprecio de 130.000%

Con información de El Universal

El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó los avances de las investigaciones sobre los fraudes de divisas a través de Cadivi y Cencoex, antiguos entes encargados de la administración de divisas por parte del Estado.

Manifestó que solo en el sector químico, se presume que al menos 900 empresas se beneficiaron sobrevalorando los productos importados, teniendo hasta ahora confirmadas 18, que estarían relacionadas a ilícitos cambiarios.

“En estos dos grandes monstruos (Cadivi y Cencoex) de fraude y de delito hacia la nación, pudiera estar claramente definido el déficit fiscal que vive la República”, opinó el titular del Ministerio Público.

Anunció que Juan Miguel y Andrés Lozano, resultaron detenidos tras determinarse que son responsables de solicitar divisas para adquirir químicos con un sobreprecio de 130.000%,  a través de la Corporación Bates Gil C.A, empresa de la que eran dueños y que tenía al menos 25 filiales.

La compañía, según determinaron las investigaciones realizadas por el Ministerio Publico (MP) junto a la Policía Anticorrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), enviaba el dinero obtenido por la administración de divisas hacia Panamá, donde los hermanos Lozano tienen empresas.

Recibieron alrededor de 15 millones de dólares de parte del Estado para la obtención de materiales químicos para actividades forenses.

Saab informó que se han realizado diferentes allanamientos a otras empresas y las investigaciones continúan, pues denunció que existen “empresas maletín” que ni siquiera tenían domicilio fiscal, pero igual obtuvieron divisas del Gobierno.

Por otra parte, indicó que los funcionarios de Cadivi y Cencoex, encargados de aprobar las divisas solicitadas, también serán investigados, ya que Saab aseguró que no fue producto de la casualidad que no observaron las irregularidades en estos procesos.

También existe una orden de captura contra Walter Jaramillo, dueño de otra compañía allanada esta semana, a la cual se le entregaron casi nueve millones de dólares entre los años 2008 y 2011. El ciudadano se encuentra prófugo de la justicia.  

El fiscal igualmente señaló el caso de un grupo de accionistasque recibieron 28 millones de dólares entre los años 2005 y 2013. “Una empresa fantasma que ni siquiera tenía domicilio fiscal”, apuntó.

Reveló que desde el 2014 se han realizado las investigaciones, sin embargo solo se están dando a conocer los resultados hasta el día de hoy, debido a que la administración anterior de Luisa Ortega Díaz “no hizo absolutamente nada”.

Resaltó la importancia de que el dinero obtenido por estas empresas debe ser repatriado, pues representa una estafa y un daño patrimonial a la nación.