Tres nuevos juristas participarán en un proceso supervisado por el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para recopilar información a través de sesiones públicas en la sede la OEA

Con información de AP

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó a tres expertos internacionales para evaluar si la situación de derechos humanos en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI).

Los expertos son el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; e Irwin Cotler, exministro de Justicia y exfiscal General de Canadá.

Los tres juristas participarán en un proceso supervisado por el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo para recopilar información a través de sesiones públicas en la sede la OEA y cuestionarios enviados por más de 50 organizaciones, dijo la OEA en un comunicado.

Tres exmilitares venezolanos residentes en Estados Unidos y que tienen o han tenido causas abiertas en la justicia de su país comparecieron el viernes en la segunda audiencia pública, durante la cual presentaron diversas denuncias contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El exministro de Alimentación y mayor general Hebert García Plaza dijo que el Plan Zamora activado en abril por el presidente Nicolás Maduro convierte a la disidencia política en enemigo y da la posibilidad jurídica de someter civiles a la justicia militar.

García, quien fue investigado por su presunta participación en la compra irregular de tres embarcaciones españolas, se retiró del gabinete de Maduro en septiembre de 2014 y se exilió en Washington en 2015.

El excapitán Igor Nieto señaló que una investigación abierta en su contra --después de que en 2008 objetara instrucciones del entonces presidente Hugo Chávez para ayudar a Uruguay a comprar armamento iraní pese a un embargo internacional impuesto contra Teherán-- le permitió constatar la falta de independencia de la justicia militar venezolana.

Nieto relató que el juez militar que llevaba su caso le confesó a solas en un estacionamiento que actuaba siguiendo instrucciones del ministerio de la Defensa.

Investigación

Moreno, el exfiscal de la CPI, dijo el viernes que examinará la justicia y la diplomacia venezolanas durante audiencias previstas el mes próximo.

La información recopilada nutrirá un informe final que será revisado por el panel de expertos independientes, quienes formularán sus recomendaciones al Secretario General. Almagro podría remitir el informe a la CPI o gestionar que alguno de los 28 países miembros de la OEA que reconoce la autoridad de ese tribunal eleve el caso.

La CPI, gobernada por un tratado internacional llamado Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Venezuela, que en abril inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la celebración de estas audiencias por considerar que no corresponden a la misión del organismo hemisférico.