La Fiscal General Luisa Ortega, colgó en su cuenta de Twitter varias fotografías de los soldados que ocuparon posiciones en los alrededores de su despacho

Con información de Deutshe Presse Agentur 

Caracas, 5 ago (dpa) - La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció hoy que la sede del Ministerio Público está asediada por comandos militares, lo que calificó como un "arbitrariedad".

Ortega, quien es objeto de un proceso judicial para su eventual destitución, colgó en su cuenta de Twitter varias fotografías de los soldados que ocuparon posiciones en los alrededores de su despacho, en el centro de Caracas.

"Rechazo asedio al Ministerio Público venezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional", escribió Ortega junto a las cuatro instantáneas.

La movilización militar hacia la sede de la Fiscalía General fue denunciada tras los rumores de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tramita un procedimiento para destituir a Ortega, había decidido su remoción. Ese procedimiento fue solicitado por el oficialismo, que la acusa de haber violado la Constitución.

También el viernes, el presidente Nicolás Maduro llamó a la Asamblea Constituyente, que se instaló como órgano plenipotenciario, a considerar medidas que podría tomar contra la fiscal general para acabar con la "impunidad" en el país.

Dijo que Ortega es "cómplice" de la "insurgencia armada" que enfrenta su Gobierno con las protestas opositoras, que ya cumplieron cuatro meses y que han dejado 121 muertos.

Ortega, de 59, ha sido acusada de "traidora" al proceso bolivariano, ya que pese a provenir de sus filas como simpatizante, desde abril pasado comenzó a tomar posiciones contra el Gobierno.

Luego que el TSJ emitiera dos sentencias en marzo que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones, ella denunció una ruptura del orden constitiucional y pidió defender la Carta Magna.

Asimismo, con sus críticas y denuncias se convirtió en la voz institucional más prominenente del país contra la Constituyente, que se instaló el viernes en medio de la ola de protestas, denuncias de fraude electoral y rechazo de varios países.

Denunció que la Constituyente anulará la Carta Magna vigente, aprobada en referéndum popular en 1999.

También el viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la fiscal e instó al Gobierno de Caracas a garantizar su seguridad y la de su familia.

Ortega ha denunciado estar siendo objeto de amenazas por parte de funcionarios del Gobierno venezolano. Esta semana así se lo dijo en conversación telefónica al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La CIDH, tras analizar las alegaciones "y considerando la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela", ha concluido que Ortega y su familia están "en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable".

Las medidas cautelares se disponen cuando la comisión cree que la vida o la integridad de una persona corre peligro.