Estamos frente a un gobierno que no cree en la pluralidad y mucho menos en la prensa libre

Redacción

El Secretario de Organización del Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital, Edgar Cárdenas, dijo que de acuerdo a los alcances de distintos instrumentos jurídicos establecidos internacionalmente, el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, por cualquier medio.

El respeto y protección a la libertad de expresión es fundamental, ya que sin ella es imposible se desarrolle el fortalecimiento del sistema democrático, porque si algo está muy claro es que donde no hay libertad no hay Democracia.

Para Cárdenas, si se aprueba la Ley contra el odio se criminalizará la opinión y otros mecanismos a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión.

El dirigente gremial dijo que “el Gobierno nacional intenta controlar las redes sociales porque estas representan una vía expedita para informar y ser informado. Más allá de la intoxicación presente en internet, el ciudadano tiene la posibilidad de seleccionar el contenido informativo de su preferencia, además de hacer uso de una característica propia de la web: La interactividad, lo que permite se abran espacios para la participación de la gente, donde no solo son receptores de información, sino generadores de contenido”.

Asimismo señaló que es evidente que el Gobierno quiere evitar que el ciudadano esté debidamente informado, no hay cabida a una posición distinta a los intereses del Ejecutivo; por ello la Ley contra el odio se traduce en la legitimación de la censura.

Según el directivo del CNP Caracas, la Comisión interamericana de los Derechos Humanos reiteró su recomendación a los gobiernos para que adecúen sus legislaciones a las obligaciones internacionales sobre DDHH mediante la derogación de las normas sobre difamación, injurias, calumnias y desacato, de manera que puedan solo aplicarse sanciones civiles.

De acuerdo a este mismo instrumento, el tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión pudiese generar cierto contenido discursivo crítico o incluso considerado ofensivo para quienes ocupan cargos públicos. De Allí deriva que una ley que ataque el discurso que se considera crítico al gobierno afecta la libertad de expresión.

Estamos frente a un gobierno que no cree en la pluralidad y mucho menos en la prensa libre, por ello efectúa sus mayores esfuerzos para que el ciudadano solo tenga una vía para obtener información: los medios de comunicación gubernamentales, finalizó Cárdenas.