La ley del Ministerio Público señala que dentro de las atribuciones del fiscal general está elegir a los funcionarios que lo acompañan y es potestad del Congreso aprobarlo o no

Con información de AP

CARACAS (AP) - La Asamblea Nacional de Venezuela desafió al Tribunal Supremo de Justicia al confirmar el lunes la designación del vice fiscal general y denunciar que el fallo en contra de su nombramiento violó la carta magna y usurpó funciones del Legislativo.

La ley del Ministerio Público señala que dentro de las atribuciones del fiscal general está elegir a los funcionarios que lo acompañan y es potestad del Congreso aprobarlo o no, indicó la fiscal general Luisa Ortega Díaz al solicitar a los legisladores la ratificación de Rafael González como vice fiscal.

"El Ministerio Público y la Asamblea están legitimados", agregó Ortega Díaz en la sesión en que la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, aprobó la designación por cumplir el funcionario con todos los requisitos legales y constitucionales.

La sentencia que anuló la semana pasada la designación de González fue vista como una retaliación contra la fiscal general, quien se opuso al proceso de reforma de la constitución impulsado por el presidente Nicolás Maduro y denunció una ruptura del hilo constitucional cuando la Corte intentó asumir en marzo las competencias del Congreso.

"Ojalá mi presencia en la Asamblea Nacional sea para cumplir con los deberes sagrados del Estado, poner fin a la violencia y resolver los conflictos", resaltó la fiscal general, que por años fue identificada como cercana al oficialismo.

El nuevo choque entre poderes se da en momentos que en el país padece protestas antigubernamentales casi a diario que en tres meses han dejado al menos 75 muertos así como cientos de detenidos y unos 1.400 heridos.

El diputado opositor Stalin González afirmó que no puede ser que "cada vez que un funcionario le es incómodo al gobierno se hace uso del Poder Judicial para callarlo, enjuiciarlo y liquidarlo".

El Tribunal Supremo, integrado por magistrados en su mayoría afines al gobierno, comenzó en junio un proceso contra la fiscal por el supuesto incumplimiento de sus funciones, entre otras supuestas "faltas graves". Ortega Díaz ha sido catalogada de "traidora" por Maduro y otros funcionarios.

El máximo tribunal también le prohibió a la fiscal general salir del país, enajenó sus bienes y congeló sus cuentas bancarias mientras se decide su caso.

Ortega Díaz, quien ha dicho que desconocerá los fallos del Tribunal por considerar que violan la carta magna, fue citada para el 4 de julio a una audiencia pública en la que deberá presentar sus alegatos junto a otros funcionarios.

Los críticos de Maduro sostienen que su iniciativa de activar el proceso para elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente, previsto para el 30 de julio, son parte de un plan para consolidar su poder.

La oposición, que reclama la celebración de elecciones generales, ha tildado la convocatoria de inconstitucional porque no se realizó un referendo previo como marca la ley.