7,2 millones de personas participaron en la consulta popular promovida por la MUD y Organizaciones civiles para rechazar el llamado a Constituyente

Con información de AFP

La oposición venezolana, alentada por la participación de 7,2 millones de personas en el plebiscito simbólico del domingo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, empieza a definir este lunes su estrategia para intensificar las protestas y frenar la elección de la Asamblea Constituyente.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere ahora delinear su ofensiva final en su objetivo de sacar a Maduro del poder, después de casi cuatro meses de protestas que han dejado 96 muertos.

"Venezuela lo dijo claramente: no queremos una Constituyente fraudulenta e impuesta. No queremos ser Cuba", dijo Julio Borges, el presidente del Parlamento, dominado por la oposición, al confirmar los datos de la participación en la consulta simbólica del domingo.

En las últimas elecciones celebradas en Venezuela, las parlamentarias de 2015, la oposición arrasó, con 7,7 millones de votos de un total de casi 20 millones de electores, quebrando una hegemonía chavista que duraba 17 años.

"Se evidencia una demanda de cambio político persistente a lo largo del tiempo", dijo a la AFP el politólogo John Magdaleno, quien consideró que el plebiscito fue un éxito porque fue organizado por "la ciudadanía" en poco tiempo y con solo 2.000 centros de votación, frente a los 14.000 de 2015.

Según Borges, con el 5% que falta por escrutar, se llegará a unos 7,5 millones de votos, que según él serían suficientes para revocar el mandato de Maduro si hubiera un referéndum.

Hoja de ruta

"La oposición debe tener una hoja de ruta clara, después de haber levantado tanta expectativa. Si no podría sufrir un fuerte golpe de legitimidad, el pueblo está esperando acciones contundentes", advirtió por su parte Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

El oficialismo cuestionó los resultados de antemano, señalando que el proceso no es vinculante y es "ilegal" por no contar con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al Gobierno.

El dirigente chavista Jorge Rodríguez anunció que este lunes presentará videos de supuestas votaciones fraudulentas y criticó que la oposición decidiera quemar los registros de su consulta simbólica con el argumento de evitar represalias contra los votantes.

En un pulso con la oposición, el Gobierno también movilizó masivamente a sus seguidores el domingo en un simulacro de votación, prevista para el 30 de julio, de los 545 asambleístas de la Constituyente.

El reto de la oposición es ahora servirse del plebiscito para masificar la protesta y "fracturar al adversario, lo que podría presionar una negociación que lleve a una oportunidad pacífica de cambio", según el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, que evalúa en un 70% el rechazo al proyecto de Maduro.

A su vez, el desafío del Gobierno es evitar una baja participación en la elección de la Constituyente porque nacería sin "legitimidad", según el analista.

La consulta del domingo contra Maduro tuvo el apoyo de asociaciones civiles, de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Estados Unidos y de varios Gobiernos de América Latina y Europa.

El proceso tuvo como observadores a los expresidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

Fox, que llamó a votar contra la "dictadura", fue declarado "persona non grata" por el Gobierno venezolano. Quiroga aseguró por su parte que la comunidad internacional "debe pedir que se anule esa Constituyente golpista".

"Sentarse a hablar"

La oposición acusa a Maduro de haber hundido la economía del país petrolero, con una inflación de tres dígitos, y de asfixiar a la población con una severa escasez de alimentos y medicinas.

El mandatario asegura que la Constituyente traerá la paz y la recuperación económica, mientras que la oposición afirma que con ese proyecto Maduro pretende consolidar y perpetuar una "dictadura".

Maduro pidió el domingo dar una "oportunidad" a su proyecto y llamó a los opositores a no volverse "locos" con los resultados del plebiscito y que se sienten "a hablar".

La Constituyente abrió una fractura en el chavismo, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, que no votó en la consulta simbólica, pero sí saludó a un grupo de opositores que lo hacía cerca de la fiscalía. Su esposo, Germán Ferrer, diputado chavista, y otros disidentes sí participaron.

Maduro, que tiene el respaldo del poder electoral, judicial y militar, da por hecho que tendrá a partir de agosto una Constituyente que regirá al país como un "suprapoder" durante un tiempo indefinido.